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Un cuentapropista cubano fue sancionado por la policía con 5 mil pesos de multa y ahora no tiene cómo pagar la elevada sanción.
"Yo no puedo pagar eso. ¿De dónde voy a sacar ese dinero?", se pregunta el camagüeyano Asley García Agüero, en una entrevista ofrecida a Cubanet tras ser multado con 5 mil pesos por un policía que además le decomisó 4 ristras de cebolla y mil pesos en moneda nacional, recaudados en las ventas.
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"No le deseo esto a nadie. Cuando los cojan huyan, corran, pero no se dejen coger porque tú hablas con ellos y no entienden", dijo este cubano que no tiene formas para pagar la cuantiosa multa que le han impuesto por vender los productos en la calle. El cuentapropista dijo que planeaba acordar un pago fraccionado.
En la unidad policial no le dieron acta de decomiso, todo fue retirado sin dejar una constancia. "No me dieron nada, ni un papel de decomiso de la cebolla ni nada. Conmigo esto fue pasado de límite. ¡Esto no se hace!", dijo García.
El cuentapropista asegura que la mayoría de la gente en Cuba come gracias a los que venden en la calle. "Si es por el Estado no comes. En los mercados no hay nada y cuando traen algo hay una matazón y una cola tremenda, entiendes", dijo el camagüeyano.
La pasada semana se reportó el suicidio de un joven cubano que fue multado por la policía con 5 mil pesos tras encontrarlo vendiendo plátanos en la calle, en el municipio Mayarí. También le decomisaron la mercancía y los vecinos de la comunidad dijeron que, presuntamente, el joven había sido sancionado antes con una multa de 2 mil pesos.
Las multas no solo se imponen por vender productos agrícolas en las calles, también son cuantiosas las sanciones para quienes presuntamente llevan mal puesto el nasobuco. Un campesino del municipio Manatí, en la provincia Las Tunas, se enfrentó a la policía de tránsito, tras ser multado por esta causa con 2 mil pesos.
Las autoridades de La Habana han declarado que arreciarán la imposición de multas y otras sanciones penales y administrativas. Las medidas serán especialmente duras con quienes transgredan las restricciones de movilidad vigentes por la pandemia del coronavirus.
En 2020 se aprobó "el pago a plazo de los adeudos”, como una solución ante la imposibilidad de centenares de cubanos para pagar las descomunales multas que se comenzaban a imponer.
En aquel momento, el presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yojanier Sierra Infante, dijo que el decreto 14/20 tiene como función principal la prevención y aseguró que cuenta con “medidas coercitivas rigurosas” que impiden la impunidad.
Tales medidas coercitivas le permitieron al gobierno de La Habana recaudar más de 20 millones de pesos desde el 1 de septiembre, fecha en la que el decreto entró en vigor, hasta finales del 2020, argumentando que el uso de estas sanciones se deben a la necesidad de aumentar el control por la situación epidemiológica en la isla.
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