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Un nuevo Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Estado pretende regular el acceso de la población cubana al ciberespacio y acentuar el control estatal sobre las comunicaciones, según trascendió en sesión del Consejo de Estado este martes.
A partir de declaraciones del ministro de Comunicaciones Jorge Luis Perdomo Di-Lella, la norma jurídica sería una manifestación de la “soberanía tecnológica” y un “aporte a la informatización de la sociedad” con el objetivo de “contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio” y “para defender los logros alcanzados por nuestro Estado socialista”.
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El nuevo Decreto-Ley “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico” persigue además “salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la economía, la sociedad, la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil”, precisó el ministro.
De acuerdo a una nota publicada en el sitio oficial del Parlamento cubano, con este instrumento legal la dirección del país apela al “derecho irrenunciable y soberano del Estado cubano de regularlos… por constituir un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población”.
Durante la sesión del Consejo de Estado se emitieron más normas legales, a saber: el decreto-ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” que privilegia a la empresa estatal socialista como “el sujeto principal de la economía nacional” y va encaminado a regular el funcionamiento y la organización de las empresas y organizaciones del sistema empresarial del Estado.
También, se adoptó el acuerdo para la creación del Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo del Estado con carácter nacional, una suerte de gabinete asesor del Presidente de la República para dinamizar el funcionamiento del Estado, el Gobierno, la economía y la sociedad, desde una perspectiva integradora.
Este martes la Gaceta Oficial Ordinaria No. 39 publicaba el Decreto-Ley 30 de los Servicios Postales, que declaró la titularidad del Estado cubano sobre los servicios postales. La tendencia continúa siendo a la centralización y al control excesivo por parte del Estado; fórmula que no se limita a las comunicaciones y que ha probado su fracaso absoluto durante décadas.
Antes, el 4 de julio de 2019, fue puesto en vigor el Decreto Ley 370 “Sobre la informatización de la sociedad en Cuba”, estableciendo las “contravenciones asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación”. Entre ellas, resalta el inciso i, del Art. 68, que pena a los ciudadanos por “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Desde entonces, la mencionada norma jurídica ha servido para coaccionar a los cubanos y reprimir cualquier forma de disenso en el ciberespacio aumentando los reportes de la represión en Cuba.
Hay que recordar, además, que los bloqueos a sitios como CiberCuba, entre otros, así como el corte de servicios de internet y de telefonía a usuarios que ejercen sus derechos ciudadanos, constituyen acciones arbitrarias no reguladas en la legislación vigente a la que el gobierno apela con total impunidad para limitar el acceso a la información de la sociedad cubana.
Lo anterior está en contraposición con los derechos y garantías refrendados en la Constitución de la República y las leyes internacionales que el propio Consejo de Estado en esta sesión del martes aseguró respetar.
Durante 2020 creció la conectividad en Cuba, impulsada por los ajustes en infraestructura y el aumento de usuarios en la red, así como por el incremento de espacios cibernéticos en razón de la pandemia, entre los que destacan el comercio electrónico y el teletrabajo. A la par de este incremento, se multiplicaron las denuncias en las redes sociales sobre la situación por la que atraviesa el país.
De igual modo, se autorizó a ETECSA para servir de pasarela de pago con la finalidad de convertir las recargas telefónicas desde el extranjero en moneda de pago y, de esta forma, desviar el dinero que actualmente los usuarios destinan a internet en compras de primera necesidad en la red de comercio interior.
En este sentido, habrá que esperar a la publicación en Gaceta Oficial del nuevo instrumento jurídico que surge en un escenario económico y sanitario complejo en la isla y en medio de un creciente descontento popular con la del gestión del gobierno.
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