Las autoridades cubanas, con la habitual complicidad del monopolio de las telecomunicaciones ETECSA, cortaron los servicios de llamadas e internet al móvil de la periodista independiente Luz Escobar, del diario 14 y Medio, quien este domingo se mantiene vigilada por la policía política en su edificio.
Yoani Sánchez, del mismo diario, fue quien denunció las acciones contra la reportera y el acoso de la Seguridad del Estado para no dejarla salir de su casa, cuando en el país se desarrolla el VIII Congreso del Partido Comunista (PCC).
“Luz Escobar, periodista del diario 14ymedio, tiene este domingo y, por enésima vez, vigilancia en los bajos de su casa para impedirle salir. Además, 'para variar', le han cortado el servicio de llamadas y navegación web en su móvil por lo que me ha pedido que denuncie tan injusta y represiva situación”, escribió Sánchez en Facebook.
“Solo las dictaduras tienen ese modus operandi. Triste destino el de ese país y sus ciudadanos presos sin ni siquiera una causa judicial”, comentó un usuario.
En varias ocasiones, a Luz Escobar, madre de dos hijas, se le ha negado salir de su casa plantándole vigilancia policial en los bajos de su edificio sin que exista una orden judicial ni procesos legales pendientes que sustenten los arrestos domiciliarios a que ha sido sometida.
El pasado 13 de marzo también estuvo sitiada. Cuando esto ocurre, su pareja es quien debe salir a comprar los alimentos y otros productos de primera necesidad que necesitan porque a él sí lo autorizan a salir.
A finales de 2020, la hija de la reportera, Paula, debió celebrar su cumpleaños número 11 encerrada en casa porque la Seguridad del Estado mantuvo agentes vigilando durante seis días consecutivos impidiéndoles salir de la vivienda.
Está práctica es anticonstitucional. El artículo 52 de la Carta Magna reza que "las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley".
Asimismo, en su Artículo 54, el mismo documento señala que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, algo que difiere bastante del comportamiento de las autoridades respecto de artistas, activistas y periodistas independientes.
No obstante, la Constitución de 2019 no aprueba el ejercicio de la prensa independiente: “Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”, expresa.
Ante esta vulnerabilidad y la que supone el no reconocimiento del periodismo como actividad privada, muchos reporteros fuera del amparo de los medios estatales sufren constantemente los diversos métodos de represión que emplea el gobierno.
De igual forma, la única empresa de telecomunicaciones existente en Cuba que provee los servicios de internet y telefonía móvil, Etecsa, se subordina al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Por tal razón, prácticas como la interrupción de datos móviles y otros servicios son frecuentes en la isla, especialmente contra activistas y periodistas. Incluso puede emprender acciones de forma masiva, como ocurrió el pasado 27 de enero por la protesta frente al Ministerio de Cultura.
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