El Tribunal Supremo de Cuba pidió ayer a Edilio Hernández, abogado de Alina López Miyares, la profesora cubanoamericana condenada en la Isla por espionaje a 13 años de cárcel, que incluya en la solicitud de libertad condicional registrada en esta institución la dirección donde la reclusa residiría en la Isla, en caso de ser liberada.
Hernández explicó a CiberCuba que recibió la llamada un par de horas después de que este diario publicara ayer la noticia del registro de la petición de libertad condicional, que el Supremo debe trasladar al Tribunal Provincial de Artemisa, porque es ahí donde está ubicado el 'campamento' Ceiba IV, de Caimito, en el que López Miyares (La Habana, 7 de agosto de 1958) cumple su cuarto año de reclusión.
Este jueves, a primera hora, Edilio Hernández registró en La Habana la petición de libertad condicional, firmada por Alina Miyares Vall-Llosera, madre de la profesora cubanoamericana, incluyendo la dirección de una tía de la reclusa, residente en Centro Habana y la de su madre, que vive en Miami.
La petición de libertad condicional había sido registrada en el Tribunal Supremo de Cuba este 5 de abril y no incluía dirección en Cuba, con la esperanza de que las autoridades de la Isla le permitieran marcharse a Estados Unidos, a residir con su madre, de 94 años, en el país del que es ciudadana y donde ha pasado la mayor parte de su vida.
Alina López Miyares ha cumplido prácticamente un tercio de la sanción que le impusieron el 2 de octubre de 2017 y los tribunales militares cubanos contemplan la posibilidad de conceder la condicional en estos casos si la persona ha mostrado buen comportamiento.
Ella reúne todos los requisitos porque aparte de haber cumplido un tercio de la pena (4 de los 13 años dictados en su contra) imparte clases de inglés y otras materias en Ceiba IV y ha recibido beneficios penitenciarios. Entre ellos, el traslado desde la temida prisión Manto Negro (centro penitenciario Mujeres de Occidente) al campamento de Artemisa. También ha podido disfrutar de pases de cinco días fuera del recinto penitenciario.
Además, López Miyares, de 62 años, sufre afecciones de riñones, hipertensión y muy bajo estado de ánimo. En más de una ocasión le ha dicho a su abogado en Cuba, Edilio Hernández: "Ya no puedo más".
En marzo pasado, Hernández registró una solicitud de indulto para López Miyares ante el Consejo de Estado y el gobernante Miguel Díaz-Canel. Por experiencia sabe que estas peticiones ni siquiera son respondidas, porque Cuba acostumbra a hacer indultos colectivos como el que realizó Raúl Castro en 2011, cuando liberó a 2.900 presos poco antes de la visita a la Isla del entonces papa Benedicto XVI. También el año pasado fueron indultados 787 presos.
Por tanto, el abogado alberga pocas esperanzas de que pueda conseguir el indulto para ella porque se trata de una solicitud de perdón de condena que debe llevar la firma de Díaz-Canel.
Sin embargo, a la hora de conceder la libertad condicional se valora el comportamiento y el haber rebasado el tercio de la condena, en caso de sentencias emitidas por tribunales militares, como es el caso de Alina López Miyares.
Ella fue condenada en octubre de 2017, nueve meses después de su detención en Cuba, a su regreso de un viaje a Estados Unidos, acusada de haber mantenido contactos con agentes de la CIA y el FBI, de pasarles información (su abogado aclara que se trató de cuestiones irrelevantes) y haber recibido un pago de 10 mil dólares por ello.
Ese dinero lo quería para sacar ilegalmente de Cuba a su marido, el teniente coronel en la reserva Félix Martín Milanés Fajardo. Ella lo conoció en EE.UU. en el año 2000, aunque en ese momento él no le dijo que era agente de la Seguridad del Estado. Se presentó como ex diplomático cubano.
Ambos cortaron su relación en Estados Unidos y la retomaron años después en Cuba. Como él no podía abandonar el país, ella se repatrió a la Isla. Fue en ese momento en que los funcionarios de la Inteligencia de Estados Unidos mostraron más interés por ella y le pagaron los 10 mil dólares, que la pareja gastó en las necesidades de su día a día en La Habana.
El tribunal militar que los juzgó no tenía pruebas de que ella hubiera pasado a los agentes de la CIA y FBI las iniciales de ex compañeros de su esposo, pero el abogado que la obligaron a contratar en dólares le aconsejó que aportara esas pruebas para rebajar la condena de entre 10 y 20 años de cárcel.
Fue ella la que pidió a su madre que buscara en su casa de Estados Unidos dos agendas en las que aparecían anotaciones sobre la información pasada a los servicios de Inteligencia norteamericanos y esa fue la prueba que usó el Tribunal Militar Territorial de Occidente, que la juzgó y condenó a 13 años. Su esposo fue condenado a 16. El atenuante sólo le rebajó 3 años de prisión.
Su abogado Edilio Hernández confía en que le den la condicional, a menos que la consideren una "rehén de la Guerra Fría".
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