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Continúan las detenciones y el cerco a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, denuncia Ferrer

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció que continúan las detenciones arbitrarias contra miembros de su organización.


Este artículo es de hace 2 años

El opositor cubano, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba denunció que continúan las detenciones arbitrarias en Santiago de Cuba contra activistas y miembros de UNPACU, así como el cerco policial a la sede nacional de la organización.

En su perfil de Twitter, Ferrer señaló que entre los activistas que la policía política ha detenido se encuentran su esposa Nelva Ismarays Ortega Tamayo y su hija, Fátima Victoria Ferrer.

"Santiago de Cuba: Continúan las detenciones arbitrarias y el cerco entorno a la Sede Nacional de UNPACU. Detenido Ebert Hidalgo Cruz. Ayer detenidos varios activistas, entre ellos mi esposa e hija", señala Ferrer en su mensaje.

El opositor cubano compartió imágenes de las lesiones que le hicieron los agentes de la policía política en la detención arbitraria de la que fue víctima este jueves.

"Las fuerzas represivas de la tiranía castrocomunista me liberaron después de 8 horas de detención arbitraria y violenta. Secuelas en la garganta por la llave de estrangulamiento que me aplicaron. Nuevas amenazas de prisión contra mi esposa y contra mí", escribió Ferrer.

El activista había denunciado previamente que fue liberado después de 8 horas y que su esposa y su hija estuvieron detenidas por 5 horas en la Primera Unidad Policial de Santiago de Cuba.

Este jueves la Seguridad del Estado reanudó el cerco policial a la sede de UNPACU en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.

Ferrer indicó que además del nuevo cerco policial, los agentes de la Seguridad mantienen a los activistas casi incomunicados pues sus líneas de telefonía no tienen servicio de Internet y usan una vía que cuando sea descubierta los dejará completamente aislados.

En marzo él y otros miembros de UNPACU se declararon en huelga de hambre para protestar por el cerco policial que había establecido la Seguridad del Estado y que impedía que los residentes de la comunidad se acercaran a recibir alimentos y medicamentos en la sede de la organización.

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