El artista y activista cubano Manuel de la Cruz, que da vida al payaso Desparpajo, denunció en redes sociales que la Seguridad del Estado es la encargada de custodiar la cuarentena contra el coronavirus, decretada para su edificio en La Habana.
"Ahora se dice en mi edificio que hay COVID, y lo han cerrado, pero quien custodia la cinta amarilla que prohíbe la salida, no es otro que el teniente Alfredo de la Seguridad del Estado y un acompañante que reconozco de mis otras detenciones e interrogatorios", escribió De la Cruz en Facebook.
Junto a la reseña de su diálogo con "el teniente Alfredo", que le impidió ir a buscar agua fuera de su vivienda y pretendió que lo hiciera una madre mayor, el también poeta colgó una foto de los agentes.
"La atmósfera de mi edificio no está contaminada por la pandemia creo yo, lo que se respira entre vecinos es terror, y la bacteria que ronda el ambiente no es precisamente un coronavirus", aseguró.
De La Cruz contó este miércoles que la Seguridad del Estado pretende acusarlo de "incitación a delinquir" por un post publicado en Facebook, en el que pidió solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente en huelga de hambre y de sed.
"Se remite a un post que realicé donde solicité a los 'no visibles' que tomaran nuestro lugar (el de los activistas), de ese post se generó una respuesta de apoyo, para todo menos delinquir, el mayor delito podía ser quizás contra la flora y fauna, pues algunos sugirieron llevar una flor en la mano", explicó.
"Estoy y estaré en casa (con mis líneas bloqueadas y sin internet) conectándome como pueda, recluido por una cautelar sin base, creando, haciendo, siempre que mis fuerzas me den, en espera de otra medida de la "fiscalía" o del sujeto encargado de hacerse pasar por un fiscal", aseguró ayer.
Desde que se involucró en una fiesta infantil que organizó Otero Alcántara el pasado 5 de abril, De la Cruz ha sido multado, amenazado, detenido en múltiples ocasiones y expulsado de su trabajo como profesor en un preuniversitario.
El régimen cubano fue incluido recientemente por la ONG Human Rights Watch entre los gobiernos que usan la pandemia de COVID-19 para limitar las libertades ciudadanas.
Señalando casos de censura, arrestos arbitrarios y agresión física, un informe de esa organización independiente colocó a Cuba entre 83 gobiernos de todo el mundo que han utilizado la pandemia para justificar la represión contra los disidentes o la prevención de reuniones pacíficas.
El análisis expone el doble sesgo de las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia: algunas de las mismas herramientas que los funcionarios han utilizado para salvar vidas y ralentizar la propagación del COVID-19, como restringir grandes reuniones, contrarrestar la información errónea o decretar encierros, también pueden ser utilizadas por los gobiernos autoritarios como pretexto para vigilar a los ciudadanos, coartar la libertad de expresión o sofocar la disidencia.
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