El Gobierno cubano extraditó entre finales del año pasado y principios de éste a la turista canadiense Ciorella Grossi, acusada en Cuba de matar a su marido en un hotel de Varadero, durante las vacaciones que la pareja disfrutaba en la Isla.
Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando el matrimonio mantuvo una pelea conyugal en el hotel donde se alojaban y él se puso agresivo, según la versión de los hechos que ella trasladó al abogado cubano Edilio Hernández, al que contrató después de pagar 5.000 dólares por otro letrado de Consultoría Jurídica Internacional, que estuvo dos meses sin ir a verla a la cárcel, tras cobrar sus emolumentos.
En medio de la pelea, fruto del consumo de alcohol, la mujer llamó a la Seguridad del hotel, que intervino, dejándola a ella fuera de la habitación, mientras tranquilizaban a su marido.
Cuando le dijeron que ya podía entrar, ella se encontró a su esposo dormido en la cama y se acostó a su lado. Al otro día, el hombre no despertaba y se dio cuenta de que estaba muerto.
Inmediatamente las autoridades cubanas la encarcelaron como sospechosa de homicidio. El cierre de aeropuertos por la COVID-19, la lentitud de la instrucción del caso; la necesidad de las autoridades cubanas de 'quitarse el muerto de encima' y el hecho de que la embajada de Canadá en La Habana esté bajo mínimos en materia de personal tras los ataques sónicos, le costaron varios meses de prisión a Ciorella Grossi, que ha conseguido regresar ya a su país.
Su abogado, Edilio Hernández, está convencido de que ella es inocente y fue víctima del severísimo Procedimiento Penal cubano, donde no se respeta el debido proceso y los acusados quedan en estado de indefensión. Esto último se da, sobre todo, entre reclusos canadienses (unos 15 de los 360 encarcelados en La Habana y Mayabeque) y franceses, explica a CiberCuba.
Sus clientes extranjeros y cubanos se quejan del hacinamiento en las prisiones de la Isla, donde no se separan delitos económicos de los comunes ni de los encarcelados por cuestiones políticas. También de la comida, la escasez de agua, pero sobre todo, porque en ellas prima la ley de la selva.
Según los datos que maneja Edilio Hernández, al menos 360 extranjeros cumplen condena de cárcel en Cuba. De ellos, 60 son mujeres y están recluidas en la famosa cárcel Mujeres de Occidente, conocida popularmente como Manto Negro, todas por tráfico de drogas y divisas. El resto (300) son hombres internos en La Condesa. La mayoría, por narcotráfico.
Aparte hay un número indeterminado de reclusos extranjeros cumpliendo condena en Santiago de Cuba, añade.
Edilio Hernández lleva cinco casos (3 mujeres y 2 hombres) de extranjeros condenados por tráfico de drogas y de divisas en Cuba. Son reclusos procedentes de Costa Rica, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Casi todos han sido sentenciados a entre 15 y 17 años de prisión y han cumplido ya la mitad de la pena impuesta, que el abogado considera excesiva ya que hay casos en que la condena incluso triplica lo establecido para esos delitos en sus países de origen.
La mayoría de las mujeres presas por narcotráfico en Cuba, explica Hernández, son inducidas a viajar a la Isla por sus parejas, que les encargan recoger grandes sumas de dinero (de 30.000 a 50.000 dólares) procedentes de la droga vendida, mientras los hombres se dedican al tráfico de estupefacientes.
Entre los acusados de narcotráfico, Hernández cita, en entrevista concedida a CiberCuba, el de dos carretilleros de Alamar, acusados de meter droga en Cuba procedente de Ecuador y comercializarla.
A Hernández le parece ridícula la acusación. Él defiende que nadie en su sano juicio puede creer que dos carretilleros pueden ahorrar una suma importante de dinero para importar droga desde Ecuador a Cuba.
Entre las pruebas que los instructores del caso aseguran tener está una llamada que uno de ellos hizo a una hermana que vive en Ecuador. Pero también se dan casos de personas a las que se les incauta un cigarro de marihuana en el bolsillo y otro en la mano y reciben penas de hasta 15 años de cárcel.
Por eso, este abogado que lleva casos importantes como el de los cuatro jóvenes condenados a cadena perpetua por el secuestro de la lanchita de Regla en 2003 o el de la profesora cubanoamericana Alina López Miyares, condenada por espionaje a 13 años de cárcel, pedirá la libertad condicional para sus cinco clientes extranjeros presos en Cuba.
Él considera que una vez que han cumplido dos tercios de la pena, les corresponde, como mínimo, la extradición a sus países de origen. Pero esta situación no está clara en Cuba, donde a Hernández le ponen dificultades, incluso, para consultar en la biblioteca del Minrex los tratados de extradición firmados por las autoridades cubanas con otros países.
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