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Una familia estadounidense se anotó la primera victoria de una demanda amparada bajo la Ley Helms-Burton tras llegar a un acuerdo de compensación con la multinacional franco-suiza LafargeHolcim por la utilización de propiedades confiscadas por el gobierno cubano en 1960.
El acuerdo entre la familia Claflin/Allen/Weeks, originaria de Boston, y el poderoso conglomerado de materiales de construcción, fue alcanzado el 19 de mayo, y pone fin a un litigio iniciado el pasado octubre en un tribunal federal de Miami.
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Los demandantes reclamaban a LafargeHolcim una compensación de al menos $270 millones de dólares por la obtención de beneficios de la fábrica de cemento "Carlos Marx", en Cienfuegos, construida en los terrenos de lo que fuera la Compañía Azucarera Soledad.
Es la primera reclamación por daños y perjuicios mediante la Ley Helms-Burton que se resuelve en los tribunales estadounidenses desde que el Título III de la legislación fue implementado hace dos años, el 2 de mayo de 2019.
Tras un mes de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo en principio, pero se encuentran aún trabajando para ejecutar y cumplir un pacto definitivo, con la asistencia de mediadores, según documentos judiciales obtenidos por CiberCuba.
Se desconoce el monto final de la compensación y está aún pendiente el cierre del acuerdo, que debe ser certificado por la jueza federal Aileen Mercedes Cannon. Ambas partes tienen de plazo hasta el 28 de junio para presentar el acuerdo de compensación.
El abogado David Baron, que representa a los demandantes, declinó comentar a CiberCuba sobre el acuerdo. Los bufetes Berliner, Corcoran & Rowe y Fields PLLC, ambos con sede en Washington, y Roig, Tutan, Rosenberg, Martin & Bellido, de Miami, estuvieron involucrados en la reclamación.
No se ha obtenido tampoco reacción de los representantes legales de LafargeHolcim.
La demanda interpuesta contra LafargeHolcim, con sede en Jona, Suiza, alega que la multinacional utilizó "una compleja red de entidades y transacciones ficticias" para ocultar el hecho de que es parcialmente propietaria, opera y recibe beneficios de la planta de cemento "Carlos Marx", en asociación con el gobierno cubano desde 2000.
Inaugurada el 29 de mayo de 1980, la "Carlos Marx" es la mayor fábrica de cemento de Cuba y una de las de mayor capacidad productiva en América Latina. En 2001 surgió como Empresa Mixta Cementos Cienfuegos S.A. y fue sometida a un proyecto de modernización con equipamiento de fabricación alemana, con la participación de LafargeHolcim Ltd.
El acuerdo del gobierno cubano con la firma Ibersuizas-Holderbank para establecer una empresa conjunta en la planta "Carlos Marx” es público desde julio de 2000. Holderbank se conoció primero como Holcim y luego LafargeHolcim, a partir de 2014.
La multinacional opera en más de 80 países con liderazgo en la producción de cemento, áridos, hormigón premezclado y otros materiales de construcción. sus ganancias anuales se calculan en los $27,000 millones de dólares.
La Compañía Azucarera Soledad figura entre las 5,913 firmas estadounidenses certificadas por la Comisión de Reclamaciones del Departamento de Justicia. En 1969 el valor establecido para la compañía fue de $11.6 millones de dólares con intereses fijo del 6% por cada año posterior a la expropiación.
Aunque los demandantes reclaman $270 millones como valor actual de la propiedad, además de los honorarios de los abogados, la ley permite que las compañías certificadas puedan recibir una indemnización tres veces superior, que en este caso ascendería a los $810 millones.
Sin embargo, se considera que la compensación acordada pueda oscilar entre los $50 y $60 millones. Unos 20 beneficiarios individuales figuran como demandantes.
El caso sienta un notable precedente en los litigios en curso bajo la Ley Helms-Burton, que hasta el momento se encontraban empantanados o habían sido desestimados en los tribunales de Estados Unidos.
De las 40 demandas presentadas en virtud del Título III de la legislación estadounidense, solo 15 corresponden a compañías certificadas, una condición requerida para avanzar los procesos judiciales. Un total de cuatro reclamaciones han sido desestimadas por tribunales federales y han escalado hasta los circuitos de apelación.
Ninguna ha llegado a juicio hasta el momento.
El gobierno cubano desconoce la jurisdicción de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, y solo ha respondido una demanda ante los tribunales estadounidenses: la presentada por la compañía Exxon Mobil contra las estatales CIMEX y CUPET. El litigio está aún en fase de discusión ante un tribunal de Washington DC, luego de que el equipo legal de la parte cubana solicitara desestimar el caso.
La administración Biden se ha propuesto evaluar la prevalencia del Título III de la Ley Helms-Burton como parte de la revisión general de la política hacia Cuba, pero no considera un plazo inmediato para tomar una decisión. El presidente estadounidense cuenta con 14 días para anticipar al Congreso una posible suspensión del Título III, pero la Casa Blanca no se ha pronunciado asta el momento sobre la legislación.
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