El presidente norteamericano Joe Biden emitió ayer una nueva orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas chinas vinculadas al ejército del país o que venden tecnología de vigilancia utilizada para reprimir la disidencia o las minorías religiosas, tanto dentro como fuera de China.
Un comunicado de la Casa Blanca detalla que la nueva orden amplía una lista negra anterior de la era Trump y eleva a 59 el número total de empresas chinas vetadas. La mayoría pertenecen al sector de la defensa o la videovigilancia. La medida intensifica una batalla comercial e ideológica entre Beijing y Washington, una que Biden ha denominado la lucha entre "autocracia y democracia".
China está aumentando su capacidad para espiar a sus casi 1.400 millones de habitantes, utilizando una combinación de software y cámaras de reconocimiento facial, escáneres de teléfonos y una variedad de otras herramientas, y exportando esa tecnología a países de todo el mundo.
La tecnología de vigilancia, que ya se ha utilizado contra minorías musulmanas como los uigures y disidentes en Hong Kong y en la diáspora china en todo el mundo, a menudo se vende en el extranjero como parte de un paquete de equipos de comunicaciones proporcionado por empresas como Huawei, o como parte de la iniciativa Belt and Road de China, que tiene como objetivo ampliar los lazos comerciales del país.
El régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, es uno de los que ha recibido esa tecnología que facilita la represión.
Algunas de las últimas 11 firmas añadidas al listado son filiales de grandes empresas ya sancionadas como Huawei, la Corporación de Aviación Industrial o Hangzhou Hikvision Digital Technology, fabricante de las cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial utilizadas por Pekín para vigilar a los uigures.
"Es necesario dar nuevos pasos para responder a la emergencia nacional declarada el 12 de noviembre del 2020" ante la amenaza que plantea el complejo militar-industrial chino en el marco de la estrategia del Partido Comunista de China de “fusión civil-militar”, afirma la orden presidencial firmada por Biden. "El uso de tecnología de vigilancia china fuera de la República Popular (...) para facilitar la represión o graves abusos de los derechos humanos constituyen amenazas extraordinarias".
El texto legal modifica algunas previsiones de la versión inicial del decreto, denunciado con éxito por dos empresas antes los tribunales, con el fin de blindar sus objetivos y aclarar su aplicación en los mercados de valores. Tras un periodo de gracia de 60 días, el Tesoro comenzará a sancionar a los individuos o empresas estadounidenses que mantengan o hagan inversiones en estas empresas.
"Esta orden presidencial autoriza a Estados Unidos a prohibir de manera precisa y circunscrita las inversiones americanas en empresas chinas que atentan contra la seguridad o los valores democráticos de EE.UU. y nuestros aliados", asegura la Casa Blanca en su comunicado. El propósito de la medida, subraya, es garantizar que EE.UU. no financia el desarrollo militar chino y castigar a las empresas que contribuyen al espionaje de minorías religiosas o étnicas, la represión y los abusos de derechos humanos en China u otros países.
Oficialmente, la Administración Biden está todavía inmersa en su reevaluación de sus relaciones con China para decidir por ejemplo qué hacer con los aranceles impuestos durante la etapa de Trump, que de momento se ha mantenido. La decisión adoptada ayer por Biden con la firma de una nueva orden ejecutiva que eleva a 59 la cifra de sociedades afectadas no augura de momento una relajación de la presión.
China critica regularmente esas medidas como una interferencia en sus asuntos internos y en el pasado ha tratado de tomar represalias con prohibiciones a las empresas estadounidenses, lo que genera temores de un amplio desacoplamiento económico entre las dos economías más grandes del mundo. Y es probable que los chinos argumenten que Estados Unidos y otros países utilizan algunas de las mismas tecnologías y técnicas para rastrear a terroristas y narcotraficantes.
No está claro qué tan efectiva será la orden de Biden para detener la propagación de la tecnología de espionaje china. Para que la prohibición de las inversiones sea realmente efectiva, EE.UU. tendría que persuadir a los aliados europeos, y a Japón y Corea del Sur, entre otros, para que se unan al esfuerzo.
Ese esfuerzo puede comenzar la próxima semana, cuando Biden realice su primer viaje al extranjero como presidente a la cumbre del Grupo de los 7, seguido de una reunión de aliados de la OTAN. Se espera que China sea un tema importante en esa cita. En los preparativos para la reunión, ya EE.UU. se ha topado con la resistencia de naciones que, como Alemania y Corea del Sur, dependen de China como un gran mercado de exportación de automóviles de lujo, software y electrónica.
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