El Parlamento Europeo pidió la derogación inmediata de los Decretos 349 y 370 en Cuba, así como de otras leyes que limitan la libertad de expresión en la Isla.
Esta petición se hace "considerando que el Decreto 349 restringe la libertad de expresión de los artistas al exigir una autorización previa para la celebración de espectáculos y exposiciones públicos y privados", apunta la UE.
Asimismo, apunta que el Decreto 370 sobre contenidos en línea "establece un marco ambiguo que permite la persecución de activistas y periodistas independientes, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19".
También añade que el Código Penal cubano incluye disposiciones como el «estado peligroso» y «medidas de seguridad predelictivas» en virtud de las cuales más de 8 000 personas se encuentran detenidas en prisión sin ningún delito imputable y otras 2 500 han sido condenadas a trabajos forzados.
Este jueves el Parlamento Europeo aprobó por 386 votos a favor, 286 en contra y 59 abstenciones una fuerte resolución de condena a la situación política y de Derechos Humanos en Cuba.
Según expone el la propuesta de resolución, el Acuerdo de Diálogo suscrito entre los Veintisiete y La Habana ha sido violado por el gobierno cubano.
Uno de los puntos más polémico del Decreto 349 obliga a que los artistas estén adscritos a una institución cultural del Estado, a la que deben solicitar permiso expreso para poder actuar, exponer y comercializar su trabajo. Además, establece como contravenciones prestar "servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas en un cargo u ocupación artística" y que un artista "brinde servicios artísticos sin la autorización de la entidad que corresponda".
En Cuba varios artistas emprendieron desde hace poco más de dos años una campaña contra el Decreto 349, el cual también rechazaron la organización Amnistía Internacional y el Departamento de Estado norteamericano.
Por su parte, el Decreto Ley 370 permite al gobierno monitorear y censurar las publicaciones de los cubanos en redes sociales, y prohíbe "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
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