El repudio internacional, las nuevas sanciones de la Administración Biden y las amenazas de la Organización de Estados Americanos (OEA) no han conseguido frenar la última ola represiva ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra precandidatos y dirigentes opositores.
La última detenida ha sido la histórica comandante revolucionaria Dora María Téllez, primera ministra de Salud del sandinismo y crítica feroz de la política errática de la pareja presidencial contra el COVID-19.
Previamente fueron capturadas la candidata Cristiana Chamorro, la exparlamentaria Violeta Granera y Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que agrupa a medio centenar de organizaciones surgida tras la rebelión popular de 2018.
Fuerzas gubernamentales sacaron de su hogar a Dávila, quien estaba junto a su niña de cuatro años y dos amigas. La Policía irrumpió con violencia y nocturnidad en una vivienda donde sólo había mujeres con la excusa de defender la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la llamada "ley guillotina", puesta en marcha por el sandinismo a finales de 2020 y que se está aplicando contra todos los detenidos.
Se les acusa de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, además de incitar a la injerencia, a intervenciones militares y recibir financiamiento internacional para actos terroristas.
Dávila es una activista joven, hija de antiguos guerrilleros que lucharon contra el dictador Anastasio Somoza y sobrina de Ana María Vijil, ex presidenta del antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fundado por el escritor Sergio Ramírez y convertido hoy en Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Vijil, quien se refugió en casa de Téllez, también fue detenida ayer después de que la Policía usara drones para amedrentarlas dentro de la vivienda. "¡Viva Nicaragua libre!", acertó a escribir en sus redes sociales cuando ya las tropas de Ortega habían accedido a la vivienda.
Durante el fin de semana, la Policía que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, ha arrestado a seis disidentes sandinistas, incluido a los exguerrilleros Téllez y Hugo Torres, antiguos compañeros de lucha del mandatario.
También fueron arrestados Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Víctor Hugo Tinoco, vicecanciller durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).
Distintas organizaciones opositoras participaban anoche en una vigilia por la libertad de todos los detenidos, incluida Granera, una de las dirigentes más firmes contra los abusos del régimen sandinista.
La Policía irrumpió en su hogar, le dio unos minutos para recoger algo de ropa y unas pocas medicinas y se la llevó detenida de forma arbitraria. No se conoce el lugar de su detención, pero se teme que sea en la siniestra prisión de El Chipote, habitual centro de torturas del régimen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró de inmediato su preocupación ante esta acción policial, ya que Granera cuenta con medidas cautelares desde 2019. La CIDH (CIDH) criticó las detenciones de opositores en Nicaragua, incluido con "allanamiento ilegal y arbitrario" de sus domicilios, y reiteró "su llamado al Estado a respetar la integridad personal de líderes y lideresas, y a su liberación inmediata".
Hasta ahora son cinco precandidatos los detenidos, más media docena de dirigentes o colaboradores de la aspirante Cristiana Chamorro, que permanece en prisión domiciliaria.
El Consejo Permanente de la OEA se reunirá de forma urgente este martes para tratar la crisis de Nicaragua, que ha suscitado la repulsa de Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y distintos países de la región.
Desde Caracas, sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro ha dado su espaldarazo a los sandinistas y criticado las sanciones del Gobierno de EEUU contra cuatro funcionarios de Ortega y Murillo, incluida su hija Camila.
"La victoriosa resistencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua dan un ejemplo a la Humanidad", dijo por su parte la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Las detenciones de opositores se dan cuando faltan cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, y en las que Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.
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