El régimen cubano debe facilitar la llegada de las remesas familiares a Cuba y dejar de utilizar a los ciudadanos para presionar a la administración Biden.
La salida de la Western Unión del mercado de las remesas en Cuba, a raíz de la negativa del gobierno cubano de sacar a la sancionada Fincimex de dicha operación, ha generado serias dificultades para los exiliados que envían remesas a sus familiares y amigos dentro de la isla.
El envío de dólares ha quedado en manos de particulares que viajan a la isla, entre ellos quienes lo hacen como negocio. Por su parte, la disminución de vuelos a Cuba y las restricciones impuestas por el gobierno cubano en el marco de la pandemia, han encarecido estos viajes, lo cual repercute en los precios de los envíos de remesas, llegando a ubicarse en 30 dólares por cada 100 dólares enviados desde Estados Unidos.
Las recientes limitaciones estatales sobre el dólar lo empeoran todo; de hecho, muchos exiliados han recurrido a la compra de euros, cuestión que además de hacer más engorrosa la operación de envío, la encarece. El gobierno de Miguel Díaz-Canel, lamentablemente, nunca va en la dirección de facilitar la vida de los cubanos. Y ahora, a golpe de generar desasosiego entre los ciudadanos, pretende presionar a la administración norteamericana.
Recientemente, desde Cuba Humanista propusimos al gobierno cubano cuatro medidas:
Trabajar para restablecer lo antes posible las operaciones de Western Union u otros operadores internacionales de remesas familiares.
Que las remesas fueran entregadas a los destinatarios en dólares estadounidenses (USD), o cualquier otra moneda libremente convertible, o en Moneda Nacional (CUP) -si es decisión del cliente receptor-, en este caso, según una tasa de cambio que se corresponda con el valor real de la divisa en el mercado cubano y no con la artificial ecuación de canje oficial.
Constituir como contrapartes o corresponsales de los operadores internacionales a las entidades cubanas: Banco Popular de Ahorro y Banco Metropolitano.
Revisión integral de tasas, comisiones y costos operativos que permitan una disminución de los cargos financieros a las remesas familiares, ampliando así el poder adquisitivo de la familia cubana.
Para normalizar el asunto de las remesas hay dos cuestiones que solventar: la primera, incluso por razones prácticas, es sacar a Fincimex de ese negocio. El hecho de que sea una empresa militar sancionada, la convierte en un escollo operativo.
Por ello, sugerimos que el Banco Popular de Ahorro y Banco Metropolitano se convirtieran en las contrapartes de las casas de envío, especialmente de aquellas que por su modelo de negocio no quieran abrir oficinas en Cuba directamente. Pareciera que el gobierno va avanzando en este sentido.
El segundo elemento tiene que ver con la creciente exigencia de muchos exiliados, y que pareciera ser también de la administración Biden, de que las remesas sean entregadas en dólares, algo a lo que el régimen se niega. Algunos economistas, para quitar peso a este reclamo, señalan que cuando uno envía dinero, por ejemplo, a Colombia, al destinatario le entregan pesos colombianos, con independencia de la moneda del envío.
Un razonamiento que pierde de vista no solamente el historial extractivo de la élite cubana en detrimento de los ciudadanos, sino que, a diferencia de Cuba, el peso colombiano es la moneda de referencia comercial en el mercado colombiano. En Cuba, el dolar norteamericano es la moneda referencia en las tiendas más abastecidas, y no el peso cubano.
Por otro lado, el cambio oficial de dólar a peso es abusivo por no corresponderse con el valor real del dólar en el mercado, pese a que también es la divisa referencia en el mercado bancario cubano.
Las últimas medidas relacionadas con el dólar, además de reflejar la necesidad de recoger toda la divisa en circulación por la crisis de liquidez actual, también es una clara posición de fuerza frente a los esfuerzos que se pudieran estar realizando para “normalizar” la operatividad de los envíos de remesas.
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