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La sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba pemanece asedidada por agentes de la Seguridad del Estado que impiden el paso y detienen a activistas que tratan de acercarse al lugar.
“Santiago de Cuba: En medio del hambre, la miseria, las enfermedades sin medicinas, la Covid-19 y los apagones, la tiranía continúa con su Bloqueo criminal contra la Sede de #UNPACU. Entre los detenidos hoy la Sra. Nelly Romero Pérez. A más de una veintena ya le han impedido el paso”, tuiteó el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
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Con fines humanitarios, la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba acoge a personas que se acercan en busca de ayuda de medicamentos y comida. Sin embargo, las fuerzas represoras del régimen totalitario cubano actúan para impedir que se les ofrezca asistencia a las personas vulnerables.
Más allá del coronavirus, la caída vertical del turismo y las sanciones de la administración Trump que Biden no ha tocado, el régimen cubano está contra las cuerdas por una crisis económica de la que es el principal responsable.
En este escenario, los gobernantes cubanos temen el surgimiento de actores independientes y no estatales que gestionen programas de ayuda humanitaria, y que pongan en entredicho la propaganda que repite aquello de que “la revolución no va a dejar a nadie desamparado”.
El único actor con derecho a realizar labor social con los desfavorecidos del “ordenamiento económico” es aquel que sancionó el paquetazo de medidas que han dejado en la cuneta a millones de cubanos: el Estado. Ninguna organización no gubernamental puede dedicarse a la labor de asistir al creciente número de personas que ven agrandarse la brecha de la desigualdad y crecer las bolsas de pobreza.
Organizaciones como la UNPACU, cuyo líder fue recientemente designado como presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), son precisamente las que exacerban el carácter represor y violatorio de los derechos humanos del régimen cubano.
El cerco sobre la sede de la UNPACU en el barrio de Altamira se ha mantenido a lo largo de casi un año. Ana Belkis Ferrer, hermana del líder opositor denunció en diciembre de 2020 que el cerco que padecía la sede de la organización y vivienda de Ferrer, duraba ya más de cinco meses.
La vigilancia y acordonamiento de la calle del activista ha sido constante, salvo breves períodos en que, por razones desconocidas, la sede de la UNPACU y sus activistas no han sido reprimidos. No obstante, la tónica de todo este tiempo ha sido un acoso marcado por la violencia, la brutalidad policial, los actos de repudio y el terrorismo de Estado ejercido sobre activistas pacíficos.
La situación llevó a varios de ellos, incluidos Ferrer, su esposa e hijo mayor, a declarar una huelga de hambre a mediados de marzo que mantuvieron por 21 días, durante los cuales el cerco se recrudeció aún más.
Gobiernos, organizaciones no gubernamentales, el Parlamento Europeo y diversas agrupaciones políticas y de la sociedad civil expresaron su rechazo a la represión sufrida por los activistas de la UNPACU y exigieron al régimen cubano el levantamiento del cerco policial y la restitución de sus derechos fundamentales, violados sistemáticamente. De igual forma, mostraron preocupación por la salud de los huelguistas y reclamaron que se les permitiera continuar con su labor social de ayudar a los necesitados.
“La tiranía teme a la creciente afluencia de pueblo hacia nuestra sede”, declaró Ferrer cuando a finales de abril, luego de concluida la huelga de hambre tras una aparente retirada de los represores, estos volvieron a cercar la sede de la UNPACU en Altamira.
Tal y como denuncia ahora, Ferrer informó de “detenciones y retenciones desde el amanecer” y de “cortes de Internet” a los activistas. “Tiranía iracunda y asustada porque no logra con su terrorismo acabar con nuestra labor humanitaria”, añadió en un tuit el líder opositor que mantiene su compromiso con la libertad de Cuba a pesar del aumento de la represión.
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