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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) frenó en el Congreso de su país una declaración de condena a la represión del régimen castrista a las protestas ciudadanas, porque en el documento se decía que Cuba es una dictadura.
El partido que lidera el presidente Pedro Sánchez rechazó la propuesta de declaración institucional lanzada por el Partido Popular (PP), principal fuerza de derechas en el país, debido a que el texto señalaba de manera expresa a la isla como una "dictadura".
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En el texto, el PP planteaba que "la dictadura cubana se ha negado a dar algún paso que permita una transición a la democracia", algo con lo que el PSOE no estuvo de acuerdo, y quiso reformular así: "La lentitud en la transición democrática por parte del régimen cubano ha provocado que el pueblo cubano se manifieste".
Según el portavoz de los populares, la intención de su partido era aumentar la presión política sobre el régimen de La Habana a favor de la liberación de los presos y la transición hacia la democracia, pero al no haber acuerdo en los puntos principales, el texto ni siquiera llegó a los demás grupos parlamentarios.
Otro aspecto en discordia fue que la derecha española quería denunciar que "la crisis generada por el COVID, unida al fracaso del modelo económico y la falta de libertades han incrementado el malestar en la población".
Sin embargo, los socialistas quisieron suprimir todo lo referente al "fracaso del modelo económico y la falta de libertades", y solo refrendar que "la crisis generada por el COVID, unida a la falta de avances en las reformas, han incrementado el malestar en la población".
PP y PSOE sí estaban de acuerdo en otros puntos muy importantes para el pueblo cubano, en definitiva el gran perdedor en esta fallida negociación.
Los dos partidos coincidían en "mostrar nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba, expresar nuestro rechazo al llamamiento al 'combate' de Miguel Díaz-Canel, pedir el cese de la violencia injustificada y las detenciones arbitrarias por parte del gobierno y sumarnos al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Asimismo, ambas fuerzas políticas apoyaban "que el pueblo de Cuba pueda decidir en libertad su futuro político que dé paso a una transición a la democracia sin injerencias externas y que se levanten todas las restricciones económicas internas".
El PP quería impulsar esa declaración institucional para que fuera discutida en el Congreso, donde para ser aprobada se requiere del voto unánime de todos los partidos.
El PSOE defiende que el documento nunca se hubiera aprobado, pues la ultra izquierda de Unidas Podemos jamás lo hubiera aceptado.
Además, para el gobierno del socialista Pedro Sánchez, el texto no está "en concordancia con lo que defiende la Unión Europea" sobre Cuba.
Esta semana el presidente Sánchez admitió en la televisión que "Cuba no es una democracia", aunque evitó mencionar el término "dictadura".
"Es evidente que Cuba no es una democracia… No lo es", dijo el mandatario, quien no quiso contestar abiertamente a un periodista que le preguntó si Cuba era una dictadura, aunque reconoció que se estaban viendo "imágenes muy duras" tras las protestas de 11J.
Sánchez pidió que los cubanos "se puedan manifestar libremente" y llamó a "acelerar todas las reformas" que traigan "derechos y libertades" al pueblo cubano.
"Es evidente que no es una democracia, pero tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre el camino", concluyó Sánchez.
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