Miles de cubanos firmaron una petición que reclama juzgar por crímenes de lesa humanidad al gobernante Miguel Díaz-Canel, al que hacen responsable de la ola de represión desatada tras las históricas protestas del 11J.
“El presidente designado de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha ordenado la represión violenta contra las manifestaciones del pueblo cubano, generando crímenes de lesa humanidad y violencia extrema contra el pueblo desarmado”, comienza la petición publicada en la plataforma de presión social Change.org.
Dirigida a la Corte Internacional de Justicia, a su Presidente, el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la solicitud iniciada por el ciudadano cubano Dody Paz ha conseguido más de 16 mil firmas en apenas 4 días después de publicada. Y el conteo avanza.
Díaz-Canel ha reclutado niños a la fuerza, denuncia el texto de la petición. Se tratarían de los reclutas cuyas imágenes han circulado por redes sociales y han escandalizado a muchos, al verse en ellas a brigadas antimotines compuestas por adolescentes, cuya constitución física parece propia de “niños”, más que de hombres adultos.
Las fuerzas represoras del país han sido utilizadas “para reprimir a los ciudadanos que en su derecho a la libertad de expresión y de manifestación han salido a las calles, generando el enfrentamiento violento entre la población civil”.
El gobernante cubano sería también el responsable de haber ordenado a los represores “disparar con armas de fuego a los manifestantes pacíficos”, lo cual, según el texto de la petición “ya ha causado varias muertes, heridos y múltiples desapariciones de personas civiles”. Por el momento, el régimen cubano reconoce oficialmente la muerte de un ciudadano.
“Díaz-Canel quien debió fungir como mediador y un ente apaciguador del descontento nacional, ha hecho todo lo contrario”, denuncia el documento dirigido a los organismos internacionales competentes para investigar crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
En vez de ello, el gobernante cubano llamó “a los adeptos al régimen a responder de forma agresiva con tubos metálicos, varillas de acero de construcción y garrotes de maderas, causando serias contusiones y heridas a los manifestantes pacíficos”.
Las imágenes de la represión inicial han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, el corte de internet y el terror desatado contra los activistas y ciudadanos que apoyan las protestas, han impedido la difusión de nuevos videos, fotografías y testimonios que confirman la violencia de las actuaciones policiales y el desamparo legal de los manifestantes pacíficos, entre los que se cuentan centenares de jóvenes, mujeres, padres y madres de familia que están sometidos a vejaciones, golpes y torturas psicológicas en los centros de detención.
“El pueblo cubano ha hecho uso de uno de sus derechos elementales, el derecho a manifestarse, el derecho a vivir en paz y libertad, algo que el gobierno comunista de la Habana les ha negado a los cubanos por 62 años de dictadura”, concluye la petición publicada en Change.org.
La plataforma, que acoge todo tipo de peticiones, está especializada en dar visibilidad a demandas “de carácter cívico, reformista, social y en general reivindicativo del cumplimiento de los derechos humanos”.
No se trata de la primera ocasión en que la sociedad civil cubana realiza peticiones en el sentido de juzgar a los gobernantes cubanos por crímenes de lesa humanidad. En mayo de 2019, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por este tipo de crímenes, a través de una demanda presentada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La denuncia estuvo enfocada en los abusos y las condiciones de esclavitud que sufren los médicos cubanos que son enviados a las conocidas misiones médicas. Además de Castro y Díaz-Canel, fueron acusados los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Díaz Malmierca; de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
Los crímenes de lesa humanidad constituyen uno de los supuestos tipificados por la ONU que activarían los mecanismos legales para solicitar al Consejo de Seguridad actuaciones contra los violadores del Derecho Internacional para garantizar los derechos fundamentales de poblaciones sometidas a estos crímenes, lo que se conoce como responsabilidad de proteger, o R2P en la jerga de los juristas.
“El principio de la responsabilidad de proteger está basado en la premisa de que la soberanía conlleva una responsabilidad de proteger a todas las poblaciones de crímenes atroces y violaciones de derechos humanos. El principio se basa en un respeto a las normas y principios del derecho internacional, sobre todo la costumbre internacional de la soberanía, la paz y la seguridad, los derechos humanos, y el conflicto armado”, explica la Wikipedia.
“La responsabilidad de proteger proporciona un marco para emplear medidas existentes, tales como la mediación, mecanismos de advertencia tempranos, sanciones económicas, y el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, para impedir crímenes de lesa humanidad y para proteger civiles de su ocurrencia. La autoridad para emplear el uso de fuerza bajo el marco de la responsabilidad de proteger descansa sólo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se considera como una medida de último recurso”, añade la enciclopedia online.
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