Gabriela Zequeira Hernández, estudiante de 17 años condenada a 8 meses de cárcel por participar en las protestas del 11J, fue puesta en libertad este sábado a la espera del proceso de apelación.
“A esta hora de la noche fue liberada mi prima, [detenida] desde el día 11J. Le doy gracias a Dios y a todas las personas que estuvieron apoyando esta causa. Gracias, un millón de gracias. Esta foto háganla pública para que el mundo vea que mi prima es libre. Gracias diosito”, publicó en redes sociales Dayron Hernández, primo de la adolescente.
Gabriela fue liberada poco después de las 12 de la noche, según confirmaron a CiberCuba fuentes cercanas a la familia. “La madre fue a buscarla y la hicieron esperar hasta bien tarde. La familia estuvo esperando desde la tarde cuando les informaron que iba a ser liberada”, dijo un familiar.
La joven se encontraba detenida en la prisión juvenil de El Guatao, en el municipio La Lisa, luego del juicio a que fue sometida en el tribunal de 10 de Octubre, el pasado jueves.
El domingo de las históricas protestas que sacudieron Cuba, Zequeira Hernández se encontraba en la calle Rita del municipio San Miguel del Padrón, cerca de la Virgen del Camino, cuando fue detenida violentamente por efectivos de las tropas de élite, conocidas como "avispas negras", que le tiraron del pelo y la introdujeron por la fuerza dentro de un vehículo junto a otros detenidos.
De no prosperar la apelación, la joven sería la primera menor de edad condenada en los juicios ordenados por el régimen cubano para procesar a los cientos de manifestantes del pasado 11J.
“Mi hija solo caminó por la calle Rita [en la Virgen del Camino] ese domingo y fue condenada a ocho meses por desorden público”, dijo a CiberCuba Yoanis Hernández Cuadra, madre de Gabriela. “Estoy pidiendo libertad inmediata para mi hija porque ella no hizo nada”.
Después de 11 días de arresto e incomunicación, Zequeira Hernández consiguió ver a su madre durante la celebración del juicio en el tribunal municipal de 10 de Octubre. Junto a ella, otros 11 jóvenes cubanos fueron procesados en el mismo juicio sumario.
Por dictarse en un tribunal municipal y ser inferior al año de privación de libertad, la sentencia puede ser apelada en el plazo de tres días hábiles. “Mi hija me pidió que apelara la sentencia, porque ella es inocente… Necesito que me ayuden, por favor”, dijo este viernes la madre en declaraciones a CiberCuba.
Zequeira Hernández estudia en segundo año de Economía en el Instituto Politécnico “Andrés Luján”, en el municipio San Miguel del Padrón. Cumplió los 17 años el pasado 8 de enero.
La adolescente forma parte de un grupo de al menos 13 menores de edad que, según los registros de la organización no gubernamental Cubalex, se encuentran detenidos en todo el país desde que estallaron las protestas. En Cuba, la responsabilidad penal es a partir de los 16 años, aunque la mayoría de edad es a los 18.
Aunque el gobierno cubano no ha dado cifras de detenidos, se estiman en alrededor de mil. Cubalex tiene registrados más de 600 casos.
Este jueves también fue juzgada y absuelta en un juicio sumario otra menor de edad, Amanda Hernández Celaya, arrestada durante las manifestaciones en La Habana. Como en el caso de Zequeira Hernández, también estaba acusada de desorden público.
“Agradezco a todos los que desde las redes sociales, desde instituciones y organismos internacionales y desde varios medios de prensa, dieron visibilidad al caso y ejercieron presión para lograr su liberación. Estoy convencida de que sin ese apoyo el resultado hubiera sido otro”, declaró desde La Habana la periodista independiente Miriam Celaya, tía de la joven.
Los juicios sumarios contra manifestantes del 11J comenzaron esta semana a lo largo del país y se reportan unos 59 procesados, de manera expedita y con limitado acceso a un abogado defensor, lo que ha desatado críticas de gobiernos y organismos internacionales. El gobierno cubano no ha ofrecido información sobre los resultados de los procesos judiciales realizados.
Entre las acusaciones contra los protagonistas de las protestas son recurrentes los delitos de desorden público, desacato, atentado, propagación de epidemias y asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas, y en algunos expedientes la fiscalía ha llegado incluso a invocar como agravante la injerencia extranjera, según documentos difundidos por familiares de los detenidos.
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