El rapero cubano Richard Adrián Zamora Brito fue trasladado a la prisión del Combinado del Sur, en Matanzas, tras participar en las manifestaciones pacíficas del 11J.
Fuentes familiares contaron a CiberCuba que el artista fue detenido la estación policial de Colón tras participar en las protestas y después lo trasladaron a la Unidad de Investigaciones Penales, en la ciudad de Matanzas.
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"Lleva arrestado arbitrariamente más de 15 días y ayer le notificaron a la familia que se lo llevaban para el Combinado del Sur", explicó a este medio Marthadela Tamayo, del Comité por la Integración Racial y cercana al rapero.
La activista contó además que hoy la familia intenta buscar más información sobre el detenido y de ser posible trasladarse hasta la prisión para verlo, pero esto último será más difícil porque con la situación del coronavirus necesitan un permiso para moverse fuera de la ciudad.
Hasta este momento la familia no tiene un documento emitido por un juez que justifique la detención del artista y por tanto buscarían asesoría legal para presentar todos los recursos legales que estén a su disposición.
El coordinador del proyecto Di.Verso, Osvaldo Navarro, denunció el arresto arbitrario del joven rapero cubano y pidió a las autoridades de la provincia que lo liberen, al igual que el resto de los detenidos que se manifestaron en contra del gobierno comunista el 11J.
"Llamamos la atención sobre el caso de Richard y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento para todos los presos políticos. Como artista denuncio las arbitrariedades que comete el gobierno cubano contra jóvenes creadores", dijo Navarro.
Hasta el momento no existen cifras oficiales sobre la cantidad de detenidos en Cuba tras las protestas que comenzaron en San Antonio de los Baños y se extendió por más de 60 localidades de la isla, pero grupos independientes contabilizan en más de 700 las personas privadas de libertad, incluidos menores de edad.
Desde el oficialismo tratan de justificar la ola de represión contra los civiles y presentar casos de agresión a instituciones públicas y estatales como justificación para aplicar la ley, mientras se llevan a cabo juicios sumarios que permiten condenar a los manifestantes por presuntos delitos como el desorden público.
Testimonios de detenidos tras las protestas dan fe de la violencia que desataron los militares y paramilitares, bajo el amparo del gobierno de Díaz-Canel, que en cadena nacional incitó a los revolucionarios " a defender las calles".
La comunidad internacional reprochó la ola de violencia en Cuba y países como Estados Unidos tomaron medidas concretas para sancionar a aquellos que reprimieron directamente el pueblo.
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