El gobierno cubano autorizó de manera temporal hasta el 31 de diciembre exonerar a las entidades estatales que ofrecen el servicio de importación a los trabajadores del sector privado del pago del Impuesto Aduanero.
La medida se dirige a las 36 entidades estatales autorizadas a importar productos, bienes y servicios como mediadoras con los trabajadores por cuenta propia y "estimular la producción" en estas formas de gestión.
Hasta finales de este año el sector privado cubano podrá, siempre a través de las entidades autorizadas, importar insumos y materias primas que se contraten para el ejercicio de sus actividades sin verse obligados a pagar los impuestos de aduana, según la resolución 321/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios.
"El referido beneficio incluye a los productos que se importen en consignación para su venta en plaza, con alcance a los insumos y materias primas para la producción agropecuaria y no se aplica a productos terminados", especifica la medida gubernamental que publicó la Gaceta Oficial.
En julio de 2020 el gobierno cubano autorizó al sector privado importar o exportar productos, bienes y servicios, a través de un grupo de entidades estatales, como parte de un plan de medidas que beneficiaría a los cuentapropistas, aunque para algunos economistas se trató de otro mecanismo de control sobre los emprendedores de la isla y a su vez la entrada de monedas libremente convertibles por el pago de impuestos.
"A través de la exportación el productor puede ingresar divisas, va a tener la oportunidad de vender en la zona de desarrollo del Mariel, eso a traer a divisas que luego serán utilizadas para comprar insumos", dijo el ministro de Economía al momento de dar a conocer la medida el pasado año.
El reciente anuncio del Ministerio de Finanzas y Precios tiene lugar poco después de las protestas pacíficas del 11J en más de 60 puntos de la geografía nacional y que obligaron a las autoridades a flexibilizar un grupo de restricciones impuestas sobre la sociedad.
La medida más reciente fue la eliminación de los precios topados a los productos agrícolas destinados, entre otros, al consumo social, con el fin de incentivar la producción alimentos.
Así mismo, se autorizó la libre importación de medicinas, alimentos y productos de aseo a personas naturales que lleguen a Cuba a través de alguno de los aeropuertos, excepto Varadero y Cayo Coco donde se permite solo una maleta en bodega por pasajero como parte del protocolo COVID.
Sin límite en la cantidad de productos de esas categorías a importar y libres de pagos de aranceles hasta diciembre, el gobierno pretende aliviar la carencia que existe en la isla y la incapacidad de adquirirlos en el mercado internacional.
En La Habana comenzó a distribuirse un módulo de alimentos gratuitos, resultado de la donación recibida por México, Rusia, Nicaragua y Bolivia y que incluye espaguetis, frijoles chinos, arroz, y azúcar por núcleo.
Otra medida adoptada por el gobierno tras las protestas del 11J fue la reducción del precio de los SMS y de la hora de navegación a partir de agosto.
ETECSA anunció que el precio de los mensajes de texto costarán un peso y el uso de la internet en los puntos wifi será de 12.50 la hora.
La respuesta del gobierno a las exigencias de una parte de la población es criticada por grupos de opositores y activistas, que ven en ella una salida de emergencia temporal a la crisis generada por la mala gestión de la economía cubana y evidencia que el verdadero bloqueo lo tiene el régimen sobre sus ciudadanos.
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