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El Gobierno cubano acusa a la activista María Cristina Garrido de ser una de las organizadoras de la protesta el 11 de julio en Quivicán, Mayabeque, denunció su esposo Michael Valladares.
Garrido fue detenida el 12 de julio y golpeada en más de tres ocasiones por la policía política cubana. Luego de 18 días sin noticias suyas, Valladares logró verla este sábado.
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La activista se encuentra actualmente en el Departamento Técnico de Investigaciones de San José de las Lajas, pero durante 14 días estuvo en la conocida como prisión del SIDA, donde recibió varias palizas por parte de dos mujeres del centro penitenciario.
"María Cristina y su hermana Angélica Rodríguez Garrido están acusada de desorden público, atentado, desacato y de liderar la protesta en Quivicán", contó en facebook Juan Antonio Madrazo Luna.
"Michael Valladares encontró a su esposa más delgada pero firme en su compromiso de continuar aportando su grano de arena por democratizar Cuba y movilizar el cambio que necesita la sociedad", dijo.
Este sábado Valladares había reclamado a las autoridades por la vida de su esposa. "Me están negando verla, no se en qué condiciones se encuentra, a ella la detuvieron en buen estado de salud. Yo no quiero mentiras, viva se la llevaron y viva la quiero", aseguró en Facebook Michael Valladares.
La revista feminista Alas Tensas también denunció el caso de María Cristina Garrido y su hermana Angélica como parte de su campaña Mujeres que participan en la política.
Garrido ha sido violentada en varias ocasiones por las autoridades cubanas. A finales de 2020 fue blanco de una campaña de descrédito luego de denunciar el caso de un niño que no tenía zapatos para ir a la escuela.
“Por cada mentira que digan de mí o de Michael, les sacaremos 10 casos aún más críticos de la miseria comunista en que ese pueblo vive”, denunció en ese momento.
La organización Cubalex registra en 746 las personas detenidas tras las protestas del 11 de julio cuando los cubanos se lanzaron a las calles en más de 60 puntos de la geografía nacional para exigir sus derechos ciudadanos.
Decenas de los detenidos han sido juzgados en juicios sumarios, muchos de ellos sin derecho a un abogado.
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