La adolescente cubana Katherine Martín, de 17 años y residente en La Habana, fue condenada a un año de privación de libertad tras participar en las protestas del 11J.
La acusaron en un juicio sumario el 20 de juliio y fue trasladada a la prisión El Guatao, según relató en Facebook la cubana Daniela Rojo.
"Katty es una chica muy valiente, 'la colombiana le decíamos ´porque imita el acento colombiano a la perfección y nos hacía reír mucho. Le ha tocado vivir una prisión porque no está de acuerdo, porque no se conforma", escribió la joven en la red social.
Rojo, que también estuvo detenida tras la manifestación pacífica del mes pasado, agregó que compartió celda con la hermana de la adolescente cubana y está convencida de que la golpearon sabiendo que es epiléptica.
"Ustedes no tienen madre", finalizó.
Katherine Martín engrosa la lista de más de 800 personas que terminaron tras las rejas por participar en las manifestaciones del 11J, según la información recopilada por Cubalex.
Ese informe independiente reveló que la adolescente fue detenida junto a su hermana Mariam, ahora en libertad bajo fianza, y su madre Mayra Taquechel, que también cumple una condena de ocho meses de privación de libertad en El Guatao.
Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre la cantidad real de detenidos y juzgados por las autoridades cubanas, por eso organizaciones de la sociedad civil independiente y la comunidad internacional solicitan acceder a toda la documentación que posee el gobierno sobre los casos y procesos legales que se llevan a cabo.
El listado de Cubalex agregó que de los 33 menores de 18 años detenidos 10 permanecen detenidos, incluso hay un chico de 14 años, Chirstopher Lleonart Santana, que permanece bajo la custodia de la Policía de La Habana.
Amnistía Internacional pidió de manera directa al gobierno de Díaz-Canel que deje a la ONG entrar en Cuba y verificar el estado en que se encuentran los detenidos, solicitud que hasta el momento ha sido rechazada por las autoridades de la isla.
Laritza Diversent, de Cubalex, declaró a este medio que entre los principales obstáculos que presentan los activistas para recopilar información sobre los detenidos está el miedo de los familiares a denunciar, pensando que si guardan silencio no empeorará la situación de esa persona.
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