La ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich Marín, aseguró que la nueva normativa de ciberseguridad para restringir la libertad de expresión de los ciudadanos en la Isla protege la integridad de las personas y sus datos en líneas.
La resolución No.105, anunciada en la Gaceta Oficial No.92, complementa al Decreto Ley No.35, y con la misma se establece por primera vez un sustento legal para tipificar incidentes de ciberseguridad en la Isla, refirió este martes Arevich Marín en el programa televisivo oficialista Mesa Redonda, donde se intentó aplacar el desacuerdo de miles de cubanos con el marco jurídico aprobado.
La ministra apuntó que esta normativa responde a “uno de los pronunciamientos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que exige que las naciones tengan procedimientos propios para gestionar este tipo de ataques”.
Igual aseguró que este nuevo marco jurídico está refrendado en artículos de la Constitución de la República de Cuba, promulgada en el año 2019 por más del 85 por ciento de los electores, y permitirá ordenar el sistema y el uso del espectro radioeléctrico, como un recurso soberano de la nación y en el cual nadie puede intervenir.
Sobre los cuestionamientos de que las nuevas restricciones salieron “oportunamente” después de los sucesos del 11J, solo expuso que este paquete de medidas estaba concebido en el programa legislativo de la nación y vino a materializarse en este momento.
Ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos dé acceso gratuito y sin censura a Internet para los cubanos, la ministra señaló que siempre ha prevalecido la voluntad del gobierno cubano de avanzar en este tema.
“La habilitación de los servicios de Internet lo han hecho los cubanos, los especialistas y trabajadores de ETECSA, enfrentándose al impacto del bloqueo de Estados Unidos, que limita la adquisición de la infraestructura más moderna y menos costosa”, argumentó sobre este tema.
También dijo que “sabemos de la importancia de Internet para el país, la economía y el desarrollo de la informatización, y su papel esencial en los procesos, como se ha demostrado desde el inicio de la pandemia por COVID-19”.
La titular de Comunicaciones en la Isla defendió la postura de que “el Gobierno cubano concibe a las telecomunicaciones entre los ejes estratégicos, a la vez que impulsa, pese al impacto del bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos, el proceso de informatización de la sociedad en aras de dinamizar y acompañar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
No obstante, los internautas cubanos no han dejado de condenar estos recursos legales del régimen cubano que restringen aún más la libertad de expresión en la isla. Incluso en las redes han lanzado la campaña #NoAl35 y #NoAlDecretoLey35.
“Bienvenidos a una nueva etapa de persecución!”, dijo el youtuber y activista Jancel Moreno en Twitter. “Es un hecho, el régimen acaba de lanzar la base legal para procesar a todos los que le seamos incómodos en las redes sociales”, apuntó.
“No tenemos #LeyDeIdentidadDeGenero y otros derechos para la comunidad LGBTIQ+ como también leyes que penalicen la LGBTIQfobia,la discriminación racial,la violencia de género pero tenemos otra ley contra la libertad de expresión”, reclamó el activista LGBTI Raúl Soublett.
“El régimen cubano en un intento desesperado de silenciar las voces que de una forma u otra se alzan dentro de la isla, aprobó una nueva #LeyMordaza, un decreto que pretende criminalizar la libertad de expresión, pisotear uno de los derechos más fundamentales del ser humano”, señaló el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, entre otras múltiples opiniones de desacuerdo.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (9)Archivado en: