Organismo sucesor del ICRT controlará los medios de comunicación en Cuba

El Instituto de Información y Comunicación Social, sucesor del ICRT, controlará los medios de comunicación del país como parte del proceso de aplicación de la Política de Comunicación Social del Gobierno y el Estado.

"El objetivo es incorporar a todos los demás ámbitos de la comunicación para gestionar las políticas del Gobierno y el Partido", explicó al canal Caribe Waldo Ramírez, vicepresidente primero del extinto ICRT.

Con el Decreto Ley se creó el Instituto de Información y Comunicación Social, una entidad que "tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano; proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana", según el artículo dos del documento vigente desde este martes.

Ramírez explicó al canal de televisión que en 2018 se aprobó la Política de Comunicación Social de Cuba, y en él se establece que "el Partido Comunista es rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control".

El periodista hispanocubano Michel Suárez, Dr. en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, explicó a este medio que al parecer la dictadura cubana entra en una "etapa franquista", aunque con mucho menos libertad.

"Porque en España había periódicos privados que obedecían al régimen, pero tenían un margen de maniobra y diferentes enfoques", recordó.

Suárez consideró que hay un intento de legislar y reorganizar todo lo que estaba bajo el paraguas discrecional del Partido Comunista de Cuba y como ejemplo menciona la inexistencia de un Ministerio de Información "porque al régimen no le convenía poner las normas sobre el papel".

"Así se apuntalaba la censura y, de paso, la autocensura. ¿Vamos hacia otro modelo para encubrir al censor bajo un instituto? Muy probablemente. En resumen, diferente vestuario, pero más de lo mismo. Habrá que ir evaluando cada medida, aunque con la seguridad de que ninguna proporcionará más libertad de prensa a los cubanos", finalizó.

El también periodista cubano Alfredo Herrera Sánchez opina de manera similar, y enfoca su análisis sobre el papel de la Política de Comunicación Social que se aprobó hace tres años y que se implementará a golpe de decretos leyes, una manera de gobernar que permite saltarse el proceso de consulta y análisis en la Asamblea Nacional.

"Esta política, en su cuerpo legislativo, incluye normas que van mucho más allá del mero control por parte del Gobierno sobre la información o la comunicación, pero nace debido a la necesidad de legitimar aún más ese control", agregó.

El reportero destaca que la sociedad cubana ha cambiado como el resto del mundo y por tanto las leyes que existen en la isla son inoperantes o poco efectivas, y es así como el régimen se ve en la necesidad de controlar los nuevos canales de comunicación, como las redes sociales o lo que publica Granma.

"Esa política, desde mi punto de vista, viene a hacer más hermético el mundo infocomunicacional del Estado totalitario cubano", detalló.

Aunque la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno se abre a algunas posibilidades como la publicidad en algunos medios y algo de libertad en las agendas mediáticas, tiene varios elementos negativos que amordazan más el hecho informativo y para Herrera Sánchez se trata de un "caramelo envenenado".

"No creo que eso vaya a tributar en un cambio del contenido que generen los medios de difusión en Cuba, porque como mismo ha pasado con otras leyes, esta trae cosas buenas y malas y se legitima el control del gobierno y sobre todo el acoso a los medios de comunicación independientes, que contrarrestan el discurso oficial", apuntó.

Para el reportero cubano no es casualidad que se traten estos temas justo cuando el gobierno aprobó el Decreto Ley 35 que habla de censura en las redes sociales y control de la información.

"Creo que están articulando un marco legislativo que les permita arremeter de manera más fuerte contra el periodismo independiente y contra todo intento de rebatir el discurso oficial. Hacia allí iría la consecuencia más expedita de esta política, porque el gobierno tiene el instrumento legal para ser más fuerte con esos medios alternativos", finalizó.