A casi dos meses del histórico estallido social del 11J en Cuba, la organización no gubernamental Cubalex registra más de mil detenciones de cubanos por manifestarse pacíficamente en la isla.
El registro de la ONG que defiende y promueve los derechos humanos contabiliza este jueves 1021 cubanos detenidos por protestar en más de 60 localidades del país el 11 de julio último.
Sobre la mayoría de los detenidos pesan los cargos de desorden público y de propagación de epidemias, aunque también hay casos por atentado, vandalismo, resistencia al arresto e instigación a delinquir.
Del total de detenidos, aún 505 permanecen en las prisiones del país; mientras que otros 416 ya fueron excarcelados, pero con otras medidas como multas o prisión domiciliaria.
También permanecen detenidos 15 menores de 18 años por participar en las jornadas de protestas. La mayoría recluidos en prisiones donde sus familiares aún no los han podido ver personalmente.
Uno de esos casos es el de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, residente en La Habana, y detenido el 13 de agosto último.
A este menor lo fueron a buscar a su casa supuestamente para una entrevista y no lo liberaron, refiere Cubalex.
Torres Farrat primero estuvo en la estación de Acosta y luego trasladado al Guatao. Le negaron Habeas Corpus y cambio de medida cautelar de prisión provisional.
Es hipertenso y dependiente del medicamento que regula su padecimiento y desde su detención no lo toma.
Otro de esos menores es Rowland JesúsCastillo Castro, de 17 años. Fue detenido por participar en las manifestaciones en el municipio habanero de 10 de Octubre.
Lo llevaron a la unidad policial de Aguilera y Acosta, y de ahí fue trasladado a 100 y Aldabó. Está acusado de atentado, desórdenes públicos y daños.
Cubalex refiere, además, que fue golpeado y se encuentra recluido en la prisión del Guatao, en espera de juicio.
Hasta la fecha, el gobierno de Cuba no ha dado ninguna información oficial sobre estas detenciones, que se conocen gracias al registro que empezaron a elaborar organizaciones como Cubalex y activistas defensores de Derechos Humanos en la Isla.
Por las personas excarceladas se sabe que el gobierno ha realizado decenas de procesos para condenar a los manifestantes, como el caso del joven poeta y actor Alexander Diego Gil, quien fue condenado en un juicio sumario a 10 meses de prisión por “desorden público”.
El proceso de este artista fue denunciado por la productora de cine Claudia Calviño, quien informó en su perfil de Facebook que en "en el juicio estaba su colega, el fotógrafo italiano Lorenzo Casadio, graduado de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños, quien llevaba una foto tomada solo unos minutos antes del arresto" de Gil.
También las autoridades cubanas condenaron, en juicio sumario y sin defensa, a un año de privación de libertad a Yanay Solaya Baruh y Annia Romero Fonseca, quienes fueron trasladadas a la prisión de mujeres del Guatao.
Igual a Juan Raúl del Río Noguez ,de 75 años, lo condenaron a un año de prisión domiciliaria por gritar "Patria y Vida" y "Viva José Martí" en La Habana, en medio de las protestas del 11J, y a su hijo a 10 meses de cárcel por la misma figura delictiva en la prisión habanera de Valle Grande. Ambos solo caminaron pacíficamente junto a una multitud de cubanos que clamaban libertad.
Cubalex este martes aclaró que los manifestantes del 11J no podían “ser procesados por delito de desorden público ni ningún otro”, en respuesta a preguntas de usuarios sobre los hechos y la represión de las autoridades en Cuba.
La organización argumentó que las protestas del 11J están amparadas por el Artículo 56 de la nueva Constitución de Cuba, aprobada en 2019.
El citado artículo claramente dispone que “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
También la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, explicó que el delito de desorden público en el código penal prevé una sanción de privación de libertad de tres meses a un año, contra aquel que “sin causas justificadas en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas dé gritos de alarmas, o profiera amenazas de un peligro común”.
“Evidentemente lo que pasó el 11 de julio no tiene nada que ver con el delito de desorden público”, aseguró Diversent.
“Los manifestantes del 11 de julio no cometieron un delito, ejercieron un derecho que está reconocido en la Constitución. La ley condiciona el ejercicio al derecho de la manifestación a lo que está establecido en la ley”, concluyó la experta.
No obstante, pocos días después de los históricos sucesos, el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) declaró que la simple acción de gritar "Patria y Vida" podría ser considerada un hecho de instigación a delinquir y, en consecuencia, recibir sanciones.
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