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Más de 500 cubanos permanecen detenidos a dos meses del estallido social del 11J en la isla, según registro de Cubalex, organización no gubernamental especializada en la defensa de los Derechos Humanos en Cuba.
En total han sido detenidas 1067 personas desde que se desató la represión contra los manifestantes en más de 60 localidades cubanas.
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De ellas, 456 han sido excarceladas, pero muchas siguen bajo otras medidas como la prisión domiciliaria que le han impuestos a periodistas independientes, activistas y ciudadanos que ejercieron su derecho a manifestarse contra el régimen en la Isla.
En ese caso se encuentra la periodista independiente Camila Acosta, quien lleva 60 días de reclusión domiciliaria después de su detención por hacer su trabajo como reportera.
Aún permanecen detenidos 526 manifestantes, y entre ellos 15 menores de edad, quienes permanecen sin contacto con sus familiares y sin las asistencia legal requerida, como ha denunciado varias veces Cubalex.
A finales de agosto, el gobierno cubano informó en medios oficialistas sobre las condenas impuestas hasta esa fecha a los detenidos por protestar pacíficamente.
Según Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Proceso Penales de la Fiscalía General de la República, aún en esa fecha proseguían con la investigación de los hechos, aunque casi 70 personas habían sido procesadas por su participación en los hechos.
La fiscal Mederos Torres aseguró en la prensa oficialista que a los manifestantes condenados se le habían impuesto medidas cautelares de fianzas, reclusión domiciliaria, y "en los casos más graves, la prisión provisional”.
Igual detalló que los cargos presentados fueron “fundamentalmente por delitos que afectan el orden y la tranquilidad ciudadana, en los que predominan los desórdenes públicos".
La fiscal explicó que la sanción privativa de libertad se extiendieron hasta un año o multas de hasta 300 cuotas, pudiendo ser cada una de ellas de hasta 50 pesos; es decir, hasta de 15 000 pesos.
De acuerdo con Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular y director de supervisión y atención a la población, en los llamados "tribunales populares" habían sido juzgados hasta ese momento 67 personas.De ellos, apenas 23 se hicieron representar por abogados durante el juicio.
El magistrado Sánchez Hidalgo informó, además, que, de los juzgados, uno resultó absuelto y 45 establecieron recurso de apelación, “alegando como las causales más reiterativas la inconformidad con la sanción impuesta, y considerar que su conducta no era constitutiva de delito. En estas apelaciones, 42 de los acusados han designado abogados para que los representen.
El funcionario también informó que a 27 de los manifestantes detenidos, que cumplían sanciones subsidiarias de la privativa de libertad (libertad controlada) o que se encontraban en libertad condicional, se les revocó esta condición.
No obstante, la ONG Cubalex ha reiterado que los manifestantes del 11J no podían “ser procesados por delito de desorden público ni ningún otro”.
La organización sostiene su argumento en el Artículo 56 de la Constitución de 2019, el cual dispone que “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
En cuanto al delito de desorden público, la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, ha explicado que el código penal prevé para el mismo una sanción de privación de libertad de tres meses a un año, contra aquel que “sin causas justificadas en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas dé gritos de alarmas, o profiera amenazas de un peligro común”.
“Evidentemente lo que pasó el 11 de julio no tiene nada que ver con el delito de desorden público”, asegura. “Los manifestantes del 11 de julio no cometieron un delito, ejercieron un derecho que está reconocido en la Constitución. La ley condiciona el ejercicio al derecho de la manifestación a lo que está establecido en la ley”, sostiene.
En Cuba no existen normas legales para solicitar permiso o notificar una manifestación, por lo cual no se puede precisar ningún tipo de delito en los hechos del 11J, asegura la abogada.
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