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La Unión Europea (UE) admitió a trámite la iniciativa de la activista cubana y columnista en Hypermedia, Salomé García Bacallao, quien denunció la violación de los derechos humanos que constituyen las órdenes de destierro que dicta el régimen totalitario de Cuba.
Luego de conocerse la noticia de que las autoridades cubanas impedían el regreso a su país a la periodista Karla María Pérez, quien había finalizado sus estudios de periodismo en Costa Rica, la activista de la sociedad civil cubana lanzó una petición en la plataforma Change.org bajo el título “Cuba: no más destierros”.
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“Recogí poco más de 6000 firmas, y como prometí que haría, la presenté a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo; un derecho que tengo como residente en la Unión Europea, aunque esta residencia no sea permanente”, desveló este lunes la activista en sus redes sociales.
La petición, lanzada en marzo de este año, acumula al momento de redactar esta nota 6756 firmantes en la plataforma. En ella se exige al gobierno de Cuba que le sea restituido a los cubanos, de manera incondicional e irrevocable, el derecho a circular libremente, a salir y retornar a Cuba conservando íntegramente la ciudadanía.
Asimismo, exige “que el Estado cubano garantice compensación por todo bien o derecho perdido o dañado en virtud de los principios del derecho internacional y de justicia restaurativa”.
Por su parte, la UE admitió a trámite la iniciativa y contestó a su impulsora con una carta firmada por la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), Dolors Montserrat.
“Me complace informarle que la Comisión de Peticiones ha examinado su petición y la ha declarado admisible, ya que el asunto que usted plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”, contestó la funcionaria del PE, indicando que solicitó a la Comisión Europea que llevase a cabo una investigación preliminar sobre el asunto.
“Naturalmente, le iremos informando del curso que se dé a su petición, y en particular del resultado de la investigación preliminar de la Comisión”, añadió Montserrat en su misiva de respuesta.
Según García Bacallao, “luego de que la Comisión de Peticiones investigue, se debe abrir un proceso de adhesión oficial de firmantes a través de su sitio oficial, donde podrá participar cualquier persona residente en la Comunidad Europea que se sensibilice con el tema”.
A partir de ese momento, si la petición alcanza el millón de firmantes residentes en una cuarta parte de los Estados miembros de la UE, alcanza el estatus de “iniciativa ciudadana europea”, gracias a la cual estos pueden instar a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico para aplicar los Tratados de la Unión.
En el texto de la iniciativa “Cuba: no más destierros”, la activista citó el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sostiene que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.
“Este derecho se viola en Cuba desde la promulgación de la Ley número 989 en 1962, cuando los procesos migratorios pasaron a ser controlados por el Ministerio del Interior, y se identificó el acto de emigrar como ‘traición a la patria’, requiriendo un permiso de salida que solo fue eliminado con la reforma migratoria de 2013”, denunció García Bacallao.
De igual forma, explicó que “la principal sanción por dicho delito era la pérdida de todas las propiedades en Cuba y el no retorno al país de aquellas personas cuya estancia en el extranjero superase el permiso concedido por las autoridades”.
“Además de forzarnos a pagar prórrogas de pasaporte con costos excesivos, el Ministerio del Interior aún hoy decide arbitrariamente, y por motivos ideológicos, cuáles cubanos pueden conservar su ciudadanía y cuáles pueden entrar y salir del país”, indicó la activista poniendo el ejemplo de la periodista Karla Pérez, a quien el régimen cubano condenó al desamparo legal y a un destierro efectivo con su decisión de no dejarla regresar a su país por sus ideas políticas.
“Solicitamos el apoyo de la comunidad internacional y de los Estados Parte de las Naciones Unidas para elevar este reclamo a las más altas instancias e impulsar finalmente un proceso de reconciliación nacional”, concluye el texto de una iniciativa que consolida la acción de la sociedad civil cubana independiente ante las instituciones europeas, y que demuestra la existencia de una voluntad política y una agenda con intereses centrados en la construcción de un orden democrático en una Cuba libre, basado en el respeto a los derechos fundamentales.
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