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Una treintena de ciudadanos cubanos notificaron al gobierno de Holguín la realización de la marcha contra la violencia del 20 de noviembre próximo, convocada por el proyecto Archipiélago y el Consejo para la Transición (CT).
“En la mañana de hoy, miércoles 22 de septiembre, se entregaron cartas en la recepción del Gobierno Provincial de Holguín y en la oficina del Intendente del CAM de Holguín”, informa el perfil de Facebook del proyecto Archipiélago, liderado por el dramaturgo Yunior García Aguilera.
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La publicación refiere que “una treintena de ciudadanos firmaron los documentos donde se notifica a las autoridades la realización de una Marcha contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.
“Luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil se decidió realizar la Marcha el primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional, o sea, el próximo 20 de noviembre”, dicen.
También explican que “las cartas entregadas hoy corresponden a la Marcha en Holguín, pero durante los días siguientes, ciudadanos de todo el territorio nacional presentarán documentos similares ante las autoridades de su localidad”.
“Manifestarse pacíficamente es un derecho humano reconocido en la propia Constitución de La República. Violar o impedir el ejercicio pleno de este derecho constituye un delito”, apunta, además.
En la publicación se añade que esperan que “las autoridades actúen con estricto apego al derecho y se respete la dignidad de cada cubano o cubana involucrados en la organización de esta iniciativa ciudadana”.
“Digan lo que digan los defensores del pensamiento único y la exclusión, la Patria es de todos. ¡Y sus calles también!”, concluye la publicación, acompañada con las imágenes de las cartas entregadas en las sedes de gobierno provincial y municipal de la provincia de Holguín.
Ambas misivas, que contienen la firma de la recepción oficial en las citadas entidades de gobierno, están dirigidas a Julio Cesar Estupiñán Rodríguez, gobernador de la provincia de Holguín, y a Héctor Suárez Sánchez, Intendente del CAM de Holguín.
En las mismas se argumenta que “la Constitución de la República de Cuba reconoce, en su artículo 56, los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos; que no existe ninguna Ley que prohíba a limite el ejercicio pleno de este derecho; que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza, en artículo 20, el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas”.
La notificación de los firmantes expone que “en tiempo y forma” las características que tendrá la marcha pacífica que convocan para noviembre próximo.
Refiere que esta se realizará “desde la escalinata de la Loma de Cruz hasta el parque Martí, depositando ofrendas florales en la estatua de Calixto García en el parque que lleva su nombre, y ante la estatua del Apóstol en el destino final”.
Dicen, además, que comenzará a las 2:00 p.m., que tendrán una duración de tres horas y la participación masiva de cinco mil personas o más.
“Las medidas de seguridad previstas por los organizadores promueven el carácter pacífico y cívico de la Marcha, con absoluto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de Covid-19”, asegura la notificación.
Por último, solicitan a las autoridades “la garantía del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos y constitucionales, la protección de los manifestantes contra quienes intenten impedir el desarrollo pacífico de la misma, así como el normal servicio de las telecomunicaciones durante su realización”.
La solicitud pide “libre circulación de todos los ciudadanos que decidan asistir a la Marcha, con apego a las características de la convocatoria”, y “el respeto al derecho de la prensa, tanto nacional como internacional, oficial o independiente, para informar de forma adecuada y veraz sobre la organización y desarrollo de la Marcha”.
Esta marcha contra la violencia se convoca tras el acuerdo entre el proyecto Archipiélago y Consejo para la Transición (CT), que lidera José Daniel Ferrer quien permanece detenido desde el 11J.
También está avalada por otros miembros del CT y por los movimientos San Isidro y 27N, a título individual, pero ambas organizaciones están abiertas a que otros opositores y cubanos se sumen a su pacto por la democracia en Cuba.
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