Luego de pasar casi 12 horas detenidos, la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el activista Ángel Moya, exprisionero político de la Primavera Negra de 2003, fueron liberados la noche del jueves.
Soler y Moya habían sido detenidos en la mañana por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, justo cuando salían de la sede nacional de las Damas de Blanco, en el municipio Diez de Octubre, y se dirigían a la Fiscalía General de la República, para presentar una queja y exigir fe de vida del opositor santiaguero José Daniel Ferrer, al igual que hicieron durante esa jornada en la capital distintos activistas.
La líder de las Damas de Blanco contó en su perfil personal de Facebook que a ella y a su esposo los trasladaron juntos en un mismo vehículo y los dejaron en el parqueo de una unidad policial, pero luego de unos 40 minutos las autoridades llevaron a Moya a la estación policial de Cojímar, al Este de La Habana, y a ella para la estación del municipio Cotorro, y permanecerían detenidos hasta las nueve de la noche aproximadamente.
"Los represores de la Seguridad del Estado ocuparon nuestros documentos de Fe de vida por José Daniel Ferrer", denunció la defensora de Derechos Humanos, quien en 2005 fue merecedora del Premio Sájarov.
El documento que pensaban presentar ante la Fiscalía General denunciaba la situación de Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), pues desde que fue detenido el pasado 11 de julio durante las protestas antigubernamentales y acusado de "desórdenes públicos" no ha tenido ningún contacto con sus familiares.
"A la familia se le ha impedido tener contacto verbal o físico con él, a pesar de haber intentado visitarlo en múltiples centros de detención y penitenciarios donde presuntamente se encontraba, la última vez en la prisión Mar Verde", señalaba la queja.
El santiaguero José Daniel Ferrer, al igual que el matancero Félix Navarro, quien se encuentra privado de libertad desde el 12 de julio, es uno de los miembros del Grupo de los 75 prisioneros políticos de la Primavera Negra. Tanto Navarro, como Ferrer y Moya, una vez que fueron excarcelados por el régimen, decidieron permanecer en la isla para continuar su trabajo en defensa de los Derechos Humanos, antes que partir al exilio, como hizo la mayoría de las víctimas de ese entonces.
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