La embajadora y representante permanente adjunta del Reino de los Países Bajos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nathalie Olijslager, manifestó la preocupación de su gobierno por la situación que padecen miles de cubanos tras las protestas del 11 de julio en la isla.
"Seguimos muy preocupados por la situación de los derechos humanos en Cuba luego de las protestas del 11 de julio", dijo al intervenir en el 48 Periodo de Sesiones de ese organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde pidió al régimen en la isla entablar un diálogo inclusivo y respetuoso con sus ciudadanos.
Afirmó que ese día "miles de ciudadanos cubanos de todo el país expresaron su legítima y pacífica voz por la libertad y los derechos", tras lo cual "la represión por parte de las autoridades cubanas se intensificó".
"Aún decenas de activistas civiles, periodistas independientes, artistas y defensores de derechos humanos están detenidos arbitrariamente", manifestó Olijslager.
"Hacemos un llamado al gobierno cubano para que los libere, entable un diálogo inclusivo y respete los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular la libertad de reunión, la libertad de prensa y la libertad de expresión, tanto en redes sociales como fuera de ellas", dijo, en clara referencia al Decreto-Ley 35 firmado por el régimen cubano que censura las publicaciones en internet.
Luego de reiterar su adhesión a la declaración emitida por Francia en nombre de 26 países, estados miembros de la Unión Europea, la representante de Países Bajos subrayó que la membresía del Consejo de DD.HH. "no es un viaje gratis", por lo que cada país debe cumplir con sus demandas.
El último informe global del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue recientemente objeto de controversia luego de que la Alta Representante del mismo, Michelle Bachelet, no incluyera a Cuba en la lista de países países que violan los derechos humanos.
Tras el 11 de julio decenas de naciones han condenado la brutal represión contra los manifestantes pacíficos cubanos alentada desde el gobierno.
El pasado 16 de septiembre el Parlamento Europeo pidió al Gobierno cubano que respete los derechos humanos y libere a las personas "detenidas de forma arbitraria" tras las protestas masivas, e "implicarse en un diálogo inclusivo sobre las reivindicaciones de sus ciudadanos".
Asimismo el viernes el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado a la comunidad internacional a denunciar la represión en Cuba, exacerbada a raíz del 11J.
"Todas las personas merecen el derecho a la libertad de expresión. Mientras el gobierno cubano continúa silenciando a los cubanos con prisión y represión, hacemos un llamado a las naciones del mundo amantes de la libertad para que apoyen el deseo del pueblo cubano por los derechos humanos y la democracia", señaló en Twitter el secretario de Estado Antony J. Blinken.
La respuesta del régimen cubano ante cada uno de estos llamados ha sido arremeter contra las naciones y los organismos que hacen la solicitud, y acusarlos de injerencismo.
Al menos 1077 cubanos fueron detenidos por participar en el 11J. De ellos 465 han sido excarcelados y 531 continúan detenidos y sometidos a juicios sumarios. Entre los apresados hubo más de 30 menores de edad, según un listado elaborado por la Organización defensora de los Derechos Humanos Cubalex.
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