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Unas nueve familias, en las que hay por lo menos 15 menores de edad, tienen siete días para desalojar un local abandonado que presuntamente pertenece a la empresa estatal de Servicios Locales en Santiago de las Vegas, municipio habanero de Boyeros.
Dayme Rosales, en nombre de las familias afectadas, contó que a las autoridades del gobierno no les importó la situación en la que viven estas familias y dictaminó que deben abandonar el sitio y todo lo que se construyó de manera ilegal será demolido.
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“Esto desde hace ocho años estaba lleno de hierba, basura, de ratas y nosotros lo limpiamos y construimos algunas casas porque muchas somos madres”, relató Rosales a Martí Noticias.
Al menos dos madres son procedentes de Pinar del Río y otra de Santiago de Cuba, a quienes las autoridades les obligan a abandonar la ciudad y regresar a sus provincias.
“El argumento que no dan es que eso es estatal, y yo les digo: Cuba entera es estatal”, explicó la joven a través de una llamada telefónica.
Asimismo, se mostró dispuesta a permanecer dentro del local, que da refugio a sus hijas y al resto de familias que ocuparon el local abandonado para solucionar por sus propios medios un problema que desde hace años es asignatura pendiente para el régimen comunista.
No existen cifras oficiales que permitan conocer con exactitud la cantidad de personas que viven en asentamientos ilegales u ocupan locales abandonados para convertirlos en viviendas.
La información que se tiene es a partir de los testimonios que logran salir de la isla. Luego que existe un enfrentamiento entre los afectados y el Estado, este último haciendo uso de su poder e influencias puede privar de un techo a familias enteras en muy pocos días.
A mediados de año trascendió que siete mujeres y diez niños recibieron una amenaza de desalojo tras ocupar un local que permanecía al menos 40 años abandonado en la carretera de Murga, en la zona del Wajay.
“Nos maltrataron de palabra, no tuvieron ni en cuenta que tenemos niños chiquitos”, denunció una de las afectadas.
Por esa misma fecha se supo que otros cubanos fueron multados por asentarse de manera ilegal en los Jardines de la Tropical, en el municipio Marianao.
“Es doloroso que no me pertenezca ni siquiera un pedacito de tierra. Yo no le pido al Estado ni al gobierno que me den tres caballerías de tierra para yo vivir, yo le pido simplemente un pedacito de tierra”, afirmó Osmar Alcolea Soris, uno de los ocupantes del asentamiento.
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