El Gobierno cubano denegó este martes el permiso solicitado para la marcha convocada en noviembre, cuyos fines calificó de "inconstitucionales" y "desestabilizadores", según dijo Alexis Acosta Silva, Intendente del Consejo de la Administración de La Habana Vieja, en declaraciones a la prensa nacional.
Un documento difundido en el portal del Gobierno de la capital, dirigido al dramaturgo Yunior García Aguilera, principal organizador de la marcha, indica que el artículo 56 de la Constitución, que se citaba como principal sustento de la solicitud, dispone entre los requisitos para el ejercicio de la manifestación "el respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley", y consideran que ese apartado no se tuvo en cuenta al organizar la manifestación.
Añade que en este caso "no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha", al tiempo que estima que la proyección pública de algunos de los promotores "con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense", tienen "la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba".
El texto califica la marcha de "provocación", que formaría parte de una "estrategia" para desatar un cambio de régimen en Cuba, y alude al apoyo público que recibió de legisladores estadounidenses y medios de prensa que -según dicen- "intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar".
En su última parte, la carta concluye que "si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados de la propia Constitución", y por ese motivo dictaminan el "carácter ilícito" de la marcha.
El pasado 21 de septiembre, integrantes del grupo Archipiélago presentaron en las oficinas del Gobierno Provincial de La Habana y del Intendente del Consejo de la Administración Municipal de La Habana Vieja una solicitud de autorización para realizar una marcha pacífica en La Habana en noviembre.
La marcha, programada inicialmente para el 20 de noviembre y luego cambiada para el 15, apelaba al artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, que reconoce a los ciudadanos el derecho a reunirse, manifestarse y asociarse con fines lícitos y pacíficos.
Esgrimía, igualmente, el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre el derecho a ejercer la libertad de reunión y asociación pacíficas.
El propósito de la marcha, según la declaración publicada por el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera en Archipiélago, sería condenar la violencia y exigir la liberación de todos los presos políticos, respeto a los derechos de los cubanos y una solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
De acuerdo con la carta presentada en las instancias gubernamentales, la manifestación estaba convocada para las 2 pm con una duración prevista de tres horas y una participación estimada de 5,000 personas o más. El plan era salir de Prado y Malecón, en el municipio La Habana Vieja, hasta Prado y Monte, con una parada para poner flores en la estatua de Martí, en el Parque Central, y una breve concentración frente al Capitolio Nacional.
Sus organizadores enfatizaron el carácter pacífico y cívico de la marcha, "con absoluto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19", y demandaban a las autoridades el cumplimiento de una serie de garantías para los participantes.
Después de La Habana, varias provincias cubanas notificaron a las autoridades locales su intención de salir a las calles también el próximo 15 de noviembre. Sucesivamente, los gobiernos de Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, Pinar del Río, Guantánamo, Las Tunas y Artemisa, entre otros, fueron notificados de la voluntad de un grupo de cubanos marchar pacíficamente y con apego las normas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus.
La más reciente de esas notificaciones fue entregada este mismo martes 12 de octubre en Camagüey, coincidiendo con la fecha en que las autoridades habaneras denegaron el permiso a la primera solicitud.
Posterior a la publicación de la negativa de las autoridades habaneras a conceder el permiso, la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara también consideró "ilícita" la convocada en esa provincia, citando como argumento la misma carta presentada en La Habana.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (81)Archivado en: