"Las opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que está siendo, eso en sí mismo no constituye delito. Manifestarse, es más, lejos de constituir delito constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito", esas fueron las palabras exactas del presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, el pasado 24 de julio, durante una conferencia de prensa en La Habana, dedicada a las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
"¿Cuál es el delito? Invitar a disturbios, a desórdenes, a agredir, dañar, lesionar, desobedecer y desacatar las indicaciones que van encaminadas a preservar el orden y la tranquilidad en primer lugar", precisaba entonces el funcionario.
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Sin embargo, dos meses después, el Gobierno cubano ha cambiado su discurso completamente y ha puesto en entredicho lo que antes afirmara Remigio Ferro. En la respuesta oficial que ha dado al grupo Archipiélago, con respecto a su solicitud de autorización para realizar una manifestación pacífica en distintos puntos del país para exigir la liberación de los presos políticos y respeto a los Derechos Humanos, el argumento estrella es que la intención de sus promotores en "promover un cambio de sistema político en Cuba"; por tanto, a su entender, la manifestación pacífica sería ilegítima.
"El artículo 45 de nuestra Carta Magna refiere que 'el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes'. En su artículo 4 se define que "el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable" por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita", señala el planfleto.
Al respecto, el grupo Archipiélago ha dicho que la declaración oficialista ha servido para demostrar, una vez más, que en Cuba no existe un Estado de Derecho, pues los gobernantes no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia constitución y violan los Derechos Humanos de los cubanos.
"La respuesta del régimen ha dejado en ridículo al propio presidente del Tribunal Supremo, quien dijo que Cuba respetaría el derecho a la manifestación. La respuesta del régimen está llena de falsedades, difamaciones y mentiras. La respuesta del régimen constituye un crimen. El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo".
Hasta ahora, Archipiélago, grupo creado en Facebook el pasado 9 de agosto, ya reúne a unas 26 600 personas, y ha logrado articularse con diversos grupos de opositores y activistas para lograr convocar a esta primera acción social de carácter pacífico, bajo el nombre Marcha Cívica por el Cambio.
La convocatoria inicial era para el 20 de noviembre, pero cuando el Ministerio de las Fuerzas Armadas decidió declarar ese día el Día Nacional de la Defensa, sus organizadores decidieron adelantarla para el 15 de noviembre, fecha en la que se espera que Cuba abra sus fronteras al turismo internacional.
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