La organización no gubernamental (ONG), Cubalex, respondió a la profesora Martha Prieto-Valdés, acusándola de faltar a la verdad y reproducir el discurso de odio oficialista en un escrito en el que justificó las razones del régimen cubano para denegar el permiso solicitado por activistas de la sociedad civil para marchar el 15N.
“Cuando una autoridad en Derecho escribe supuestas lecciones jurídicas, las cuales reproducen públicamente el discurso de odio oficialista que impide, injustificadamente, el ejercicio del derecho a la manifestación, la protesta y la libertad de expresión; está desinformando”, denunció la ONG vía Twitter.
Para Cubalex, la profesora Prieto-Valdés también estaría violando el derecho a saber y el derecho a la verdad, de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos. “Lo hace cuando niega la importancia de la participación en la vida política del país, bajo reglas contrarias a la igualdad”, indicó la organización.
Sin aportar ningún elemento o análisis nuevo, la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de la Habana (UH) replicó la argumentación desplegada por las autoridades del régimen cubano en su negativa de autorización para la marcha cívica por el cambio convocada para el 15N.
Al igual que en las cartas enviadas por las autoridades a los activistas de la sociedad civil que solicitaron autorización para marchar pacíficamente, la profesora Prieto-Valdés alegó que existen ciertos límites legales para el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
“El disfrute de unos derechos no puede suponer lesión a los derechos de otras personas, o que afecten la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, y siempre [deben ser disfrutados] bajo el respeto a la Constitución y a las leyes”, declaró este lunes la jurista en un post de Facebook.
Desde su perspectiva, “hay límites generales que condicionan que una actuación sea lícita” y el Artículo 45 del vigente texto constitucional los establece. Según Prieto-Valdés, “la definición del Estado como socialista, organizado con todos y para el bien de todos (Art.1), carácter y esencia que condiciona el análisis, aplicación de todo el texto y toma de decisiones”, sería uno de esos límites generales que afectarían al derecho de manifestación.
“La defensa de la patria junto al derecho a combatir contra cualquiera que intente derribar el orden establecido en la Constitución (Art.4)”, sería otro de los campos que limitan ese derecho que reclama la sociedad para encauzar su malestar y ejercer su libertad de expresión de manera cívica y pacífica.
Otra limitación estaría en “los fines del Estado”. Para Prieto-Valdés, el derecho a manifestarse se subordinaría a fines tales como “encauzar los esfuerzos hacia la construcción del socialismo, la defensa de la soberanía, integridad e independencia, afianzar la ideología y la ética socialista, y todos conjugados con la garantía del disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes (Art.13)”.
Como colofón a su argumentación para restringir los derechos fundamentales de los cubanos, la docente citó el último artículo del magno texto (Art.229), que establece que en ningún caso serán reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo (Art.4).
Es decir, los cubanos nunca podrán manifestarse para reclamar derechos o impulsar un cambio social que subvierta el orden imperante en Cuba: ese "socialismo" que pregona una dictadura totalitaria que ha sumido a los cubanos en la miseria moral y espiritual, y que a día de hoy no es más que un salvaje capitalismo de Estado, controlado por una élite extractiva que agranda la brecha de la desigualdad en el país.
“Ella es Martha Prieto-Valdés, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la UH. Su deber es utilizar los conocimientos como herramienta para cuestionar al gobierno y defender los DH. Sin embargo, solo legitima la supremacía de una ideología dominante por encima de derechos”, denunció en Twitter Cubalex, una organización dirigida por la abogada Laritza Diversent, dedicada a la asesoría legal en temas de defensa y promoción de los derechos humanos.
“El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”, indicó una declaración de los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio, en el grupo de Facebook Archipiélago.
“La respuesta del régimen ha dejado en ridículo al propio presidente del Tribunal Supremo quien dijo que Cuba respetaría el derecho a la manifestación... [y] demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia constitución y que violan los Derechos Humanos de los cubanos”, afirmó la declaración.
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