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Amnistía Internacional criticó al gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez por violar el derecho de los cubanos a protestar pacíficamente en la isla.
“Con el usual lenguaje de guerra fría, niega la petición de Archipiélago para la marcha del 15N en Cuba, y sigue deteniendo arbitrariamente y hostigando a activistas que la organizan”, escribió en Twitter Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la ONG.
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El mensaje se publicó poco después que el gobierno de La Habana le comunicara al dramaturgo y activista Yunior García, promotor de la protesta cívica, que se rechazaba la petición realizada de manera formal ante los organismos del Estado.
La manifestación, que hasta el momento se mantiene en pie aunque las autoridades no hayan concedido el permiso, tiene como objetivos exigir la libertad de los presos políticos de la isla y pedir cambios en Cuba que conduzcan a la democracia.
En un principio se convocó para otra fecha, pero un anuncio del Ministerio de las Fuerzas Armadas de realizar un ejercicio militar nacional que terminará con un acto para celebrar el Día nacional de la Defensa en 20 de noviembre obligó a los organizadores cambiar la fecha para el 15N.
El régimen rompió este martes su silencio oficial y dio a conocer el rechazo de la petición y desplegó una campaña difamatoria contra García, que incluyó un reporte en la televisión pública donde se le acusó de mercenario.
En días previos, varios miembros de la sociedad civil independiente fueron detenidos de manera arbitraria en la vía pública y amenazados por agentes de la Seguridad del Estado, para evitar que participen en la convocatoria.
En los últimos meses, Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre el tema Cuba y la vulnerabilidad de los derechos humanos en la isla, sobre todo tras las protestas espontáneas del 11J en más de 60 localidades del país.
El organismo internacional hizo una petición formal al gobierno cubano para entrar en la isla y verificar el estado en que se encuentran los detenidos, ante la falta de información oficial y transparente y los reportes independientes que alertan sobre la vulnerabilidad de derechos y la falta de garantías jurídicas.
El gobierno de Díaz-Canel nunca respondió a la solicitud y solo respondió con más represión a activistas, opositores y solicitudes fiscales de hasta 12 años de cárcel, igualándose con el delito de homicidio.
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