Miles de inmigrantes cubanos que entraron irregularmente a Estados Unidos tras la suspensión de la política de "pies secos/pies mojados", en 2017, podrían obtener la residencia permanente por vía de una demanda presentada en un tribunal federal de Miami.
La acción legal fue entablada por un grupo de abogados de Miami contra el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y reclama que el DHS y su Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) consideren que el permiso de libertad bajo supervisión -identificado como I-220A- sea aceptado oficialmente como un documento de admisión para procesar la residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
"Esta es una demanda a nombre de los miles de inmigrantes cubanos que ingresaron al país después del 12 de enero de 2017 y fueron puestos en libertad con un documento I-220A, sin recibir una orden de deportación", dijo a CiberCuba el abogado Mark Prada, que lidera el equipo litigante.
La demanda -de 55 páginas- fue registrada el pasado 3 de septiembre y asignada a la jueza federal Beth Bloom. Este martes, estaba fijado el plazo para que los demandantes certificaran el caso como una demanda colectiva.
En el calendario judicial aparece el 29 de noviembre como la fecha de la última moción de los demandantes. El gobierno tiene la opción de responder para fines de diciembre y los argumentos finales del caso deben producirse en enero de 2022.
Una decisión de la jueza Bloom pudiera aguardarse para el verano de 2022 y tendría un impacto de carácter nacional.
El caso fue presentado inicialmente en nombre de 21 inmigrantes cubanos en posesión del I-220A, pero ya el grupo de demandantes creció a 43 personas.
Prada explicó que bajo los términos del litigio estarían protegidos todos los inmigrantes cubanos que ingresaron al país desde 2017 y se encuentran en diferentes estados, mayormente repartidos entre Florida, Texas, California, Kentucky, Tennessee y Nebraska.
De acuerdo con estadísticas oficiales, entre los años fiscales 2017 y 2021 más de 95,000 cubanos han entrado ilegalmente a territorio estadounidense, el 92 por ciento por la frontera mexicana. Un volumen considerable de ellos han sido liberados con un documento de supervisión I-220A.
"El argumento que sostiene nuestra reclamación es que el acto de ponerlos en libertad es, de hecho, el parole y es la evidencia de documentación válida para solicitar la residencia por la Ley de Ajuste Cubano", explicó Prada. "Un parole solo significa eso: que la gente fue admitida y puesta en libertad".
Hasta que permaneció vigente la política de "pies secos/pies mojados", los cubanos que se presentaban en puntos fronterizos con México o Canadá, o lograban llegar a tierra por vía marítima, recibían un parole (documento I-94), con el cual podían solicitar la residencia permanente por la CAA al cabo de un año de estancia ininterrumpida en el país.
Pero la decisión de la administración de Barack Obama de suspender esa provisión migratoria, establecida en 1995, cambió radicalmente el proceso de legalización del estatus para los cubanos.
Actualmente, las solicitudes de cubanos que tratan de obtener los beneficios de la CAA mediante la presentación del I-220A son rechazadas. Solo a discreción de algunos jueces de inmigración los casos han sido aceptados para recibir la residencia permanente, pero el DHS los ha rechazado.
Prada dice que optó por la demanda civil luego que la reclamación hecha por la vía administrativa ante el Buró de Apelaciones de Inmigración (BIA) -máximo órgano para la interpretación y aplicación de la ley- está estancada.
En una sorpresiva decisión el pasado enero, el juez de inmigración de Miami, Timothy M. Cole, dictaminó que cualquier inmigrante procesado por el DHS sin una orden de deportación ha sido puesto en libertad condicional por ley, tenga o no una tarjeta física que lo disponga, por lo que podría solicitar un ajuste de su estatus y obtener una tarjeta de residencia.
La decisión involucró a seis extranjeros -cuatro de ellos cubanos- y fue enviada luego al BIA para ser certificada, pero no hay un veredicto final. Mientras, el DHS ha apelado todas las aprobaciones judiciales y ofrece a cambio cancelar los procesos de deportación.
Prada y su firma Prada & Urizar han estado en el vórtice de esta batalla legal desde 2018, junto a la abogada de inmigración Claudia Cañizares, del bufete Canizares Law Group, en Miami.
"Estamos en un ciclo histórico que vuelve sobre el problema de la inmigración cubana en Estados Unidos", comentó Prada. "La situación es similar a la que se produjo con miles de cubanos entre 1995 y 1999 y tuvo que ser resuelta por un memorando administrativo".
El abogado se refiere al memorando emitido por la entonces Comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), Doris Meissner, en abril de 1999. El documento titulado “Clarificación de Elegibilidad para la Residencia Permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano”, estableció que los cubanos que arribaran por cualquier punto de Estados Unidos, aunque no fuera un puerto o aeropuerto establecido, eran elegibles para ajustar su estatus como residentes legales por la CAA.
Hasta ese momento, miles de cubanos admitidos en territorio estadounidense por la normativa de "pies secos/pies mojados" permanecían en un limbo legal.
"Buscamos una salida legal como la que se logró en 1999", aseguró Prada.
A los miles de personas que podría amparar una victoria de la demanda judicial en curso, se suma otra población flotante de inmigrantes cubanos que lograron entrar a Estados Unidos durante los últimos tres años, sin ser registrados por las autoridades. Abogados y activistas de inmigración estiman que la cifra podría oscilar entre 8,000 y 10,000 cubanos, radicados en el sur de Florida.
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