EE.UU. condena las "duras sentencias por cargos falsos" para intimidar a los cubanos

La Embajada de Estados Unidos en Cuba mencionó el caso de los opositores Félix Navarro y su hija Saily, a quienes la fiscalía pide 15 y 11 años de cárcel. 

Embajada de Estados Unidos en La Habana © Granma
Embajada de Estados Unidos en La Habana Foto © Granma

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El gobierno estadounidense condenó este viernes las "duras sentencias por cargos falsos" que el régimen cubano aplica contra los manifestantes del 11 de julio y dijo que estas son un mecanismo para intimidar a los cubanos.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba mencionó en Twitter el caso de los opositores Félix Navarro y su hija Saily, a quienes la fiscalía pide 15 y 11 años de cárcel.


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"Después de condenar a muchos manifestantes del #11DeJulio a meses de detención y multas, los fiscales de #Cuba han pedido 15 y 11 años para Félix y Saily Navarro. Estas duras sentencias por cargos falsos se hacen claramente para intimidar a los cubanos. #PresosPorQué?", posteó la sede diplomática.

Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, fundado en 1999, fue arrestado el pasado 12 de julio tras las manifestaciones que sacudieron más de 60 ciudades del país.

El líder opositor fue privado de libertad cuando acudió a la estación policial de Perico, en Matanzas, para preguntar sobre los miembros de su organización detenidos en las protestas.

Estando en prisión inició una huelga de hambre que depuso el pasado 19 de septiembre en la cárcel Combinado del Sur, en Matanzas, por cuestiones de salud.

Varias instancias internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigieron que se le brindasen todos los auxilios y servicios médicos al líder opositor cubano, quien estuvo incomunicado en una enfermería en la cárcel, tras 28 días sin ingerir alimentos.

Estados Unidos también exigió su inmediata liberación, así como la del resto de los cubanos detenidos en julio pasado.

El régimen ha sometido a cientos de cubanos a juicios sumarios por manifestarse pacíficamente, mientras que la fiscalía ha pedido condenas de entre 8 y 15 años para jóvenes y opositores del interior del país, según denuncias de los propios familiares de los afectados.

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