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El gobernante cubano Miguel Díaz Canel y el canciller Bruno Rodríguez respondieron a Estados Unidos sobre su anuncio de imponer nuevas sanciones al régimen castrista, si este comete acciones represivas que violen los derechos de los promotores de la manifestación pacífica del 15N.
A Díaz Canel no le gustó que un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca advirtiera esta semana que la administración de Joe Biden impondría más sanciones al gobierno cubano, si la Fiscalía cumple su amenaza de juzgar a las personas que participen en la Marcha Pacífica por el Cambio, prevista para el 15 de noviembre.
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En su cuenta de Twitter, el mandatario acusó a Estados Unidos de amenazas y de buscar impunidad para sus operadores en Cuba.
"Qué soberbia, prepotencia y frustración la del imperio. Recibirá la respuesta digna de nuestro pueblo", expresó.
En otro tuit, el sucesor de Raúl Castro acusó al gobierno estadounidense de financiar y organizar un esquema desestabilizador, con el cual compra con dinero a "cuanto grupúsculo o institución" aporte ideas contra la revolución.
"Basta de amenazas. Cuba es soberana", recalcó.
Por su parte, el ministro de Exteriores afirmó que el funcionario norteamericano había realizado un "abierto acto de injerencia" y había vuelto a "cometer el error de amenazar a Cuba".
"Además de constituir un acto contrario a la Carta de la ONU, la historia ha demostrado que los cubanos no aceptamos, ni nos dejamos impresionar por amenazas", aseguró.
Sus palabras recibieron el respaldo de Carlos Fernández de Cossio, director para Estados Unidos de la Cancillería cubana, quien calificó de "farsa" la marcha pacífica prevista para el 15 de noviembre.
"Muy difícil que alguien pueda pensar que un gobierno que se respete permitiría una provocación desestabilizadora de esa naturaleza de parte de una potencia extranjera", señaló.
El viernes, Juan González, asesor del presidente Biden para los asuntos de América Latina, informó que su gobierno tiene "toda la intención de responder" a los individuos "involucrados en violar los derechos fundamentales y universales del pueblo cubano", y aseguró que "amenazar a manifestantes pacíficos" muestra que el régimen perdió "la voluntad y el apoyo del pueblo".
Sus declaraciones se produjeron luego de que la Fiscalía cubana amenazara con procesos penales a los organizadores de la protesta del 15N, quienes serán juzgados por los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros.
Pese a las posibles represalias, la plataforma ciudadana Archipiélago, promotora de la manifestación, ratificó su determinación de llevarla a cabo.
"El poder autoritario ha demostrado explícitamente y en toda su magnitud su rostro dictatorial, empleando a la Fiscalía para amenazar e intimidar a los ciudadanos, cuando su rol legal se basa en cuidar el ejercicio de la legalidad y el derecho constitucional", denuncia el grupo en una declaración.
"Los miembros de Archipiélago hemos decidido marchar, solo nos quedan nuestros cuerpos, el poder quiere cortar nuestras ganas de hacer camino a la democracia. Reafirmamos que la Marcha Cívica por el Cambio es propiedad intransferible del pueblo cubano", añade el texto del documento.
Los integrantes de Archipiélago llevan varios días sufriendo actos de hostigamiento, interrogatorios policiales y amenazas.
Su líder, el actor y dramaturgo Yunior García, sufrió un acto vandálico y de repudio en la puerta de su casa el viernes por la mañana, cuando desconocidos le tiraron palomas decapitadas en su puerta y le llenaron el suelo de plumas y tierra.
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