La comisión de apoyo a los manifestantes del 15N en Cuba presentó un informe donde denuncia el incremento de la represión contra los miembros de la plataforma virtual Archipiélago en la última semana de octubre.
De acuerdo con el documento, elaborado a partir de las denuncias de los ciudadanos y reportes de prensa, del 25 al 30 de octubre las diversas formas de represión se intensificaron en la isla.
"Solo en el lapso que comprende este primer informe de violencia política y represión –25 al 30 de octubre–, la Comisión ha registrado 22 denuncias procedentes de La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo y Santa Clara", señala la comisión.
Las modalidades aplicadas por el gobierno para intimidar a los ciudadanos que han manifestado su intención de marchar el 15 de noviembre en la isla van desde despidos laborales, amedrentamiento de personas para que no se sumen a Archipiélago o la marcha, firmas de compromisos de no involucramiento so pena de enfrentar represión y amenazas hasta persecución por posicionamientos críticos o un simple “me gusta” a publicaciones que circulan en las redes sociales.
También se han denunciado vigilancia policial o de la Seguridad del Estado frente a las viviendas, reclusión domiciliaria sin causa formada, detenciones arbitrarias, mítines de repudio, imposición de multas, interrupción de los servicios de internet, secuestros, interrogatorios, campañas de difamación y criminalización de líderes de la marcha pacífica y de Archipiélago a través de los medios de comunicación y acoso a las familias, expresa el informe.
El documento destaca que esos métodos han sido aplicados contra ciudadanos, miembros de Archipiélago y activistas por efectivos del Ministerio del Interior (MININT), en particular el Departamento de Seguridad del Estado en combinación con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
"También contra jóvenes universitarios, periodistas independientes, figuras eclesiásticas -Julio Pernús, Manuel Alejandro Rodríguez, Jorge Ignacio Guillén, por ejemplo-, miembros de organizaciones de la sociedad civil no afines al gobierno", destaca.
Asimismo, señala la persecución contra promotores de la marcha como Yunior García, Leonardo Fernández, Daniela Rojo, Carolina Sansón, Fernando Almeyda, David Martínez, Manuel Guerra y Leinier Cruz, entre otros.
"Las prácticas represivas mencionadas tienen consecuencias nocivas para la condición humana. Implican daño físico, moral y psíquico", dice el informe, donde se asegura que se han reportado rupturas importantes en el ámbito de muchas familias, donde hay jóvenes que han sido expulsados de sus casas por la causa política y familias impedidas de continuar viviendo juntas, como padres acosados que deciden dejar a los hijos al cuidado de otras personas para protegerlos.
La Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de Noviembre es una organización creada el pasado 24 de octubre y dedicará parte de sus esfuerzos a monitorear la represión en la Isla y emitir informes periódicos sobre la misma.
En este primer informe, este ente denuncia estos atropellos y alerta sobre la preparación de las autoridades gubernamentales para dar una respuesta violenta a la manifestación pacífica programada para el 15 de noviembre próximo.
Además, advierte sobre la indefensión que padecen los ciudadanos en Cuba, debido a sistema de gobierno centralizado, sin separación de poderes ni aceptación de instancias independientes que puedan servir de contrapesos para un adecuado equilibrio del sistema y la protección ciudadana.
La organización afirma que sus reportes siguen siendo incompleto porque la ciudadanía no suele denunciar estos atropellos por temor a represalias del régimen.
La Plataforma Archipiélago surgió un mes después de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, y en septiembre convocó a una manifestación pacífica el 15 de noviembre para pedir el fin de la violencia en la isla. Esta plataforma ya tiene 31.500 miembros en Facebook.
Sin embargo, el Gobierno cubano ha considerado ilegal la iniciativa y ha emprendido una campaña de descrédito y persecución contra los promotores del proyecto.
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