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Estados Unidos reiteró su exhortación al gobierno de Cuba para que respete el derecho de los cubanos a manifestarse este 15 de noviembre en la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago.
“Exhortamos al gobierno cubano que respete el derecho de los ciudadanos a protestar el 15N y demostramos preocupación por las duras condenas a los manifestantes del 11J. Instamos a la liberación de todos los manifestantes pacíficos detenidos este verano. #PresosPorQué”, expone este jueves la Embajada de Estados Unidos en Cuba en su cuenta de Twitter.
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Este llamado se suma a otros realizados por Estados Unidos desde que se conoció la negativa del régimen en Cuba sobre la marcha pacífica convocada primero para el 20 de noviembre y luego adelantada para el 15 de este mes.
El gobierno de Joe Biden a finales de octubre instó al gobernante Miguel Díaz-Canel a que escuche a los ciudadanos cubanos y respete sus derechos a la libre expresión el 15N.
"El pueblo cubano está expresando sus preocupaciones sobre la libertad, la democracia y los fracasos de ese mismo régimen, el régimen cubano, para satisfacer sus propias necesidades", apuntó en esa ocasión Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Apoyamos, como hemos dicho, los derechos del pueblo cubano y del pueblo de todo el mundo a ejercer su libertad de expresión, su capacidad para reunirse pacíficamente. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que respete estos derechos y vea esto no como un ataque sino como una oportunidad para escuchar a su propio pueblo y hacer lo que es correcto para los cubanos y para Cuba", expuso Price.
También el portavoz expresó la condena de su gobierno ante la negativa oficial para la realización de la marcha y negó que Washington tuviera relación alguna con esas movilizaciones.
“La violencia que hemos visto, las detenciones que hemos visto, la represión que hemos visto, ahora la prohibición a la protesta pacífica que hemos visto, todo esto nos recuerda que el pueblo cubano está pagando muy caro su lucha por la libertad”, aseguró, además, Price.
Por su parte, el gobierno cubano ya advirtió, a través de la Fiscalía General de la República, sobre las consecuencias legales que tendrán quienes participen en la marcha del 15N.
Según una nota de la Fiscalía de la isla, quienes se sumen a la convocatoria del 15N incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros, todos previstos y sancionados en la legislación penal vigente en la isla.
“La actuación de la Fiscalía al advertir a dichos ciudadanos sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos”, indicó la nota.
Igual refirieron en su advertencia que “la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, establece entre sus objetivos: preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas”.
También el mandatario cubano Díaz-Canel al clausurar una reunión plenaria del Comité Central del PCC aseguró que en Cuba hay "suficientes" revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación, en referencia al desafío de múltiples ciudadanos en la isla de manifestarse públicamente el 15N contra la violencia, por la libertad de los presos políticos y por un giro hacia la verdadera democracia en el país.
De acuerdo con el registro de la organización independiente Cubalex, las protestas del 11J dejaron como saldo 1,227 detenidos, de los cuales más de 600 aún están presos. A casi un centenar de ellos les están pidiendo condenas por encima de los diez años de cárcel y hasta más de 20 para varios casos.
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