Una funcionaria del Ministerio de Justicia de Cuba afirmó que la negativa del gobierno a la marcha pacífica prevista para el próximo 15 de noviembre, es la respuesta correcta.
Ana Ercilia Audivert Coello, directora de legislación del organismo, señaló al diario Granma que aunque la Constitución establece el derecho de reunión, manifestación y asociación, el Estado no puede reconocer un acto si no tiene "carácter lícito y pacífico".
La especialista ratificó la respuesta del régimen castrista, que en octubre denegó el permiso solicitado para la marcha y calificó sus fines de "inconstitucionales" y "desestabilizadores".
Audivert citó los artículos 1 y 4 de la Carta Magna, que establecen el carácter irrevocable del socialismo en Cuba, y señaló que por tanto, todo lo que se haga en su contra se considera una actitud ilegal.
Según ella, el ejercicio del derecho de manifestación plasmado en la Constitución no respalda la marcha del 15N, porque no se realiza en armonía con los principios constitucionales, y así lo consideró el MINJUS en su misión de asistir al gobierno.
La manifestación convocada para el 15 de noviembre por la plataforma ciudadana Archipiélago no es más que una provocación para la abogada, quien insistió en que la defensa del socialismo debe primar sobre tales conductas.
Por último, aseguró que está probado el "carácter ilícito" de la marcha, y agregó que sus fines pacíficos son "cuestionables", basado en el antecedente que marcaron las protestas del 11 de julio, y en los intereses de quienes promueven la manifestación, sin mencionar al grupo Archipiélago ni a su líder, el actor y dramaturgo Yunior García.
"Ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la patria y consideramos que esos hechos son inconstitucionales, desestabilizadores y provocadores", recalcó.
Recientemente la Fiscalía amenazó a la población con aplicar medidas legales a quienes se sumen a la convocatoria del 15N, los que podrán ser juzgados por los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros.
Además, el régimen ha insinuado que sus seguidores podrán usar la violencia impunemente contra los manifestantes, y ha mostrado imágenes de trabajadores estatales participando en entrenamientos militares, para que el día previsto puedan contener las protestas con palos y piedras.
El propio gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba hay "suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución (...) con energía y valor".
Como respuesta, Archipiélago mantiene su decisión de realizar la protesta cívica, e insiste en que será pacífica, para lo cual expuso medidas de seguridad como llevar ropa blanca, salir en grupos, informar a familiares y documentar la manifestación, entre otras.
"Al autoritarismo se le responde con civismo y paz", afirmó el proyecto ciudadano.
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