Al joven manifestante Yosvany Rosell García Caso, detenido de forma violenta el pasado 11 de julio en Holguín durante las protestas antigubernamentales, la fiscalía le ha pedido 30 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición, que se considera un delito contra la Seguridad del Estado.
"Lo acusan de 'sedición', la nueva tendencia para torcer la ley contra los manifestantes del 11J, en uno de los últimos zarpazos de un régimen no por moribundo menos cruel", explicó en un post en redes sociales la organización jurídica no gubernamental Cubalex.
De acuerdo con el grupo Justicia 11J, de las más de 1200 personas detenidas por las protestas del 11 de julio, en régimen privación de libertad continúan unas 650, y hasta ahora, al menos 121 han sido acusadas de sedición en distintas zonas del país. Las penas van desde 13 hasta 30 años de prisión y entre las personas que enfrentan este delito hay al menos 11 menores de 18 años.
Según el auto de fiscalía, al que CiberCuba tuvo acceso, García Caso, junto con otros trece acusados, se habrían manifestado de forma violenta en la tarde del 11 de julio frente a instituciones estatales, como el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, el edificio del órgano de la contrainteligencia del Ministerio del Interior y la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, con el propósito de "alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba".
"Salieron a las calles con la intención de integrarse y formar grupos numerosos que replicaran la convocatoria entre las personas que se encontraban a su paso, para formar mayoría que transmitiese la idea de un estado de inconformidad generalizada que validara sus reclamos, para lo cual motivaron al resto de las personas e invitaron insistentemente a transeúntes y vecinos a que se unieran", sostiene el documento dentro de sus conclusiones provisionales.
La fiscalía considera que las personas acusadas fueron alentadas por campañas realizadas desde Estados Unidos que buscan "desestabilizar el proceso revolucionario y procurar la ruptura del orden y la tranquilidad ciudadana. "Fueron convocados por algunos líderes contrarrevolucionarios de Cuba y el exterior no identificados en el proceso investigativo, mediante la utilización de las redes sociales, la telefonía móvil y otros medios alternativos", asegura.
La versión oficial destaca también como un hecho reprobable que "la muchedumbre" gritara consignas contrarrevolucionarias que fomentaban "la alteración", debido a que "algunas laceras profundamente sentimientos patrióticos en los que se ha formado el pueblo revolucionario cubano", al tiempo que "exacerbaban las diferencias y el odio entre los ciudadanos por cuestiones políticas".
"Siguen los modelos de actuación contrarrevolucionarios diseñados por los enemigos del sistema socialista que constitucionalmente se ha establecido en Cuba, lanzando también improperios contra los dirigentes del Estado y el Partido Comunista de Cuba", agrega.
En específico, con respecto a Yosvany Rosell García Caso, la fiscalía resalta que es "desafecto al proceso revolucionario", antes de ser detenido, había convocado a sus vecinos, en medio de un apagón, a "protestar en la vía pública y tirarle piedras a instalaciones públicas". Además, añade que "tiene vínculos con ciudadanos radicados en Estados Unidos que pretenden destruir la revolución", que ha sido advertido en el pasado por "vagancia habitual" y que en 2012 fue condenado a cuatro años de privación de libertad por el delito de tráfico de drogas.
"¡TREINTA AÑOS por supuestamente llamar a los vecinos a protestar! Abusos como este revelan la verdadera naturaleza de lo que algunos llaman aún la 'revolución' cubana", enfatizó el post de Cubalex.
El pasado 10 de octubre del activista y periodista independiente Manuel De La Cruz informó en redes sociales que García Caso, de 33 años, es padre de tres niños pequeños, reside en el reparto Alcides Pino del municipio cabecera Holguín, padece del corazón desde los 23 años y requiere triple medicación; pero que tras su detención habría estado un mes sin tratamiento, debido a que las autoridades no notificaron a su esposa adónde lo habían llevado.
"A los 25 días del encierro, Mailin (la esposa) pudo conocer por mediación de otro preso, que a su esposo lo estaban trasladando para la Prisión Penal Provincial de Holguín, donde le estaban imputando atentado, desorden público, propagación de epidemia e incitación a delinquir. Hoy solamente se mantiene el cargo de desorden público", explicaba entonces De La Cruz.
Sin embargo, en estos momentos la acusación que enfrenta el holguinero, al igual que decenas de cubanos que se manifestaron el pasado 11 de julio, es de sedición.
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