Varios relatores de Naciones Unidas pidieron al Gobierno de Cuba información sobre las alegaciones de "amenazas, vigilancia y supuestas detenciones arbitrarias" en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos del Comité por la Integración Racial (ICR) y el Movimiento Cristiano Liberación (MCL).
En una carta fechada el pasado 8 de septiembre, la Relatoría Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación trasladaron al Ejecutivo cubano la información de la que disponen sobre estos supuestos abusos.
El documento oficial, con categoría de “Mandato”, está firmado por Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos; Miriam Estrada-Castillo, Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y Clement Nyalestsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, “de conformidad con las resoluciones 43/16, 42/22, 42/4 y 41/12 del Consejo de Derechos Humanos”.
La carta, enviada a la dirigencia cubana, resalta que en 2021 la represión en Cuba se ha incrementado en el contexto de la pandemia de COVID-19. "Producto de la crisis sanitaria, se habrían aplicado medidas destinadas a restringir varios derechos, entre los que se incluyen la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, asociación y circulación, además de limitaciones a la movilidad con toque de queda en varias zonas del país".
Los relatores también aluden a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió en mayo de que "existe en Cuba una práctica de persecución y hostigamiento en contra de periodistas y medios independientes, defensores y defensoras de Derechos Humanos y artistas que denuncian la falta de libertades y derechos políticos o participan de asuntos políticos".
"Sin pretender prejuzgar la veracidad de la información recibida, quisiéramos expresar nuestra más profunda preocupación respecto a los alegatos sobre la criminalización y presuntas detenciones arbitrarias de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas por el trabajo que realizan en la denuncia de violaciones a los Derechos Humanos", agregan.
Los funcionarios de la ONU también han mostrado su "preocupación" por las "presuntas detenciones arbitrarias, las defensoras y defensores estén siendo objeto de vigilancia, amenazas, hostigamientos, al igual que allanamientos, prohibiciones de viaje y cortes del servicio de telefonía e Internet por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 o por denunciar los hechos acaecidos durante las protestas en redes sociales y otros medios".
En este sentido, han reconocido su inquietud por "lo que parece ser una práctica de utilizar detenciones y otros ataques como método de intimidación y hostigamiento de defensores y defensoras de Derechos Humanos". "Asimismo, notamos con preocupación las alegaciones sobre la falta de acceso a medicamentos en prisión y fuera de prisión como método de intimidación", agregaron.
"Lamentamos que, de ser verificados estos hechos, formarían parte de un aparente patrón de represión hacia las actividades de los defensores de Derechos Humanos, y en particular hacia el libre ejercicio de la libertad de expresión", concluyen los relatores, que han señalado que "agradecerían" recibir una respuesta del Gobierno cubano "en un plazo de 60 días".
La investigación se basa en las denuncias recibidas por parte del Comité de Integración Racial (CIR) y el Movimiento Cristiano Liberación (MCL), y hace referencia a los casos del biólogo opositor Oscar Casanella y su esposa Eleanne Triff; Yandier García Labrada y su hermano Irán Almaguer Labrada; además de Yordán Mariño Fernández, Marthadela Tamayo, Lázara Ayllón, Jacqueline Madrazo, Roberto Miguel Santana, Osvaldo Navarro y Juan Antonio Madrazo Luna.
Algunas de estas denuncias fueron presentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en representación de los afectados.
El Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya examinó en junio el caso del disidente cubano y artivista Luis Manuel Otero Alcántara.
En octubre del 2020, Cuba fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano compuesto por 47 Estados miembros, responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo.
Se trató de la quinta ocasión en que Cuba ocupa un escaño en este órgano, entre los ocho reservados al Grupo de Estados de la América Latina y el Caribe.
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