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Empresario de Miami se declara culpable de distribuir narcóticos a través de su clínica

La distribución ilegal de más de dos millones de tabletas de Oxicodona 30 mg, que fueron administradas a casi  todos los pacientes que visitaban la clínica General Care Center, le generó a Habib Geagea Palacios más de 3 millones de dólares en efectivo.

Tabletas de Oxicodona 20 mg (imagen de referencia) © Infobae
Tabletas de Oxicodona 20 mg (imagen de referencia) Foto © Infobae

Este artículo es de hace 2 años

Un empresario de Miami, propietario de la clínica General Care Center, se declaró culpable de distribuir ilegalmente opioides a los pacientes que acudían a su clínica en Miami, Florida, especializada en el manejo y tratamiento del dolor.

Habib Geagea Palacios, de 40 años y residente en Miami, se declaró este martes culpable de un delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada y un delito de distribución de una sustancia controlada.

La distribución ilegal de más de dos millones de tabletas de Oxicodona 30 mg, que fueron administradas a casi todos los pacientes que visitaban la clínica de Palacios, le generó al empresario más de 3 millones de dólares en efectivo, que fueron depositados en varias cuentas bancarias asociadas con la clínica y su propietario.

Según documentos judiciales, Palacios pagó a sus médicos para que prescribieran opioides sin observar rigurosamente los protocolos establecidos para la administración de estos fármacos. Cinco médicos que trabajaban en General Care Center ya se han declarado culpables en relación con estas prácticas de prescripción ilegal en la clínica.

La sentencia que le aguarda al dueño de la clínica se conocerá el 26 de enero de 2022 a las 11:00 a.m. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Florida, Palacios enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión y será un juez de un tribunal de distrito federal el que determinará cualquier sentencia luego de considerar las Pautas de Sentencia de EE.UU., así como otros factores legales.

Al frente de este caso se encuentran el fiscal federal adjunto, Kevin J. Larsen, del distrito sur de Florida y el fiscal litigante, Alexander Thor Pogozelski, de la Sección de Fraude de la División de lo Penal. Diferentes agencias federales están investigando el caso, entre ellas el Servicio Secreto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la DEA y el FBI.

A mediados de septiembre, más de 50 empleados, directivos y propietarios de clínicas y centros médicos del sur de Florida fueron acusados por defraudar en unos $308 millones de dólares a los programas de atención de salud.

Un reporte de la fiscalía federal de Miami informaba de una investigación desarrollada a lo largo de seis semanas con el objetivo de presentar cargos delictivos contra personas que incurrieron en actos de fraude contra el sistema de atención sanitaria.

Luego de una acción policial coordinada a nivel nacional para enfrentar la creciente ola de violaciones en el sector médico, las autoridades federales presentaron cargos contra los autores del millonario desfalco de fondos públicos destinados a la atención sanitaria.

Los cargos federales presentados contra los acusados abarcaban una amplia gama de esquemas delictivos que iban desde el robo de equipos de protección personal relacionados con la batalla contra el COVID-19 y el fraude en centro especiales para el tratamiento por abuso de drogas, hasta infracciones más frecuentes contra los programas de Medicare y Medicaid, el desfalco de proveedores de equipos médicos, violaciones en el servicio farmacéutico, pago de sobornos y lavado de dinero.

"Las víctimas son los contribuyentes estadounidenses, usted y yo, y nuestro mensaje a quienes cometen fraudes sanitarios y roban a los contribuyentes estadounidenses es claro: serán atrapados y serán castigados", afirmó George L. Piro, agente especial del FBI en Miami.

"No cejaremos en la tarea de responsabilizar a quienes en el sur de Florida se aprovechan de los programas de atención sanitaria y de la confianza de los pacientes para obtener beneficios personales, especialmente durante la pandemia mundial de COVID-19", dijo Juan Antonio González, jefe de la fiscalía federal en el Distrito Sur de Florida.

Cada año, mueren más de 70.000 personas en Estados Unidos -casi 200 muertos por día- por su adicción a los opiáceos, analgésicos extremadamente potentes. Según DW, la adicción a estos fármacos se ha convertido en una verdadera epidemia, contra la cual las autoridades han decidido intervenir.

Indicados para combatir los síntomas de enfermedades graves, como el cáncer o en postoperatorios, los opiáceos han sido comercializados por farmacéuticas que, tras un agresivo marketing, los venden como remedio para una "amplia gama de dolores".

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