El escritor y periodista independiente Rafael Vilches Proenza fue detenido arbitrariamente por oficiales de la Seguridad del Estado este miércoles, en una zona cercana a su vivienda en la provincia Las Tunas (oriente de Cuba).
De acuerdo con una denuncia realizada por el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso en sus redes sociales, Vilches Proenza fue trasladado a un sitio desconocido en un automóvil particular, marca Lada, con matrícula P020162.
Una vez que fue puesto en libertad, a las pocas horas, declaró al portal independiente Puente a la Vista que había sido conducido a una unidad de instrucción del Ministerio del Interior en la que varios agentes le leyeron una carta de advertencia que se negó a firmar.
“En la carta me advirtieron que ya era la segunda vez que me llevaban a ese lugar por mi activismo en las redes, por firmar la carta en apoyo al 15N, por mi novela Inquisición roja… que si volvían a llevarme allí era para dejarme preso”, explicó.
Ya el pasado 29 de octubre el también poeta había sido víctima de un acto de repudio frente a su casa, que acabó revirtiéndose contra los defensores del régimen, cuando un vecino gritó "patria y vida" y otros desde distintos hogares le siguieron.
En los últimos meses en Cuba, sobre todo después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, las noticias de represión y acoso por parte de las autoridades se han multiplicado. Es raro el día en que no hay denuncias de citaciones a interrogatorios. Ya no solo los opositores, activistas, periodistas independientes y artistas contestatarios son reprimidos sino también ciudadanos sin trayectoria política relevante pero que se expresan con libertad en las redes sociales.
Solo entre ayer y hoy han sido citados a interrogatorios los activistas Rafael Santos Regalado, Camila Pérez Arnoso, el pastor Jatniel Pérez y los padres de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos políticos del 11J.
Hasta ahora, son más de 650 las personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos, luego de las protestas antigubernamentales, y al menos 121 están siendo acusadas de sedición, un delito contra la Seguridad del Estado, y podrían enfrenar condenas de entre 13 y 30 años de cárcel.
Uno de los propósitos de la Marcha Cívica por el Cambio a la que ha convocado el grupo Archipiélago para el próximo 15 de noviembre es precisamente exigir la liberación de los presos políticos cubanos.
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