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La periodista Claudia Montero, del medio independiente CubaNet, fue acusada del presunto delito de “desorden público” por la policía política cubana, que además le impuso una medida cautelar de reclusión domiciliaria.
También le comunicaron que sobre ella y su pareja, el opositor Fabio Corchado Borroto, pesaba una “regulación migratoria”, como parte del proceso que la Seguridad del Estado abrió contra la reportera Camila Acosta, colaboradora del mismo medio.
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Montero y Corchado habían sido citados el pasado viernes para presentarse en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zapata y C, en La Habana, a las 9:30 de la mañana del 4 de diciembre, informó CubaNet.
Durante el encuentro, le preguntaron sobre su labor en la plataforma, y poco después le informaron que estaba siendo acusada de “desorden público”.
“Me dijeron que por los videos que envío a CubaNet, dicen que el contenido de mis videos va en contra del proceso revolucionario”, explicó.
“Desorden público es la justificación que ellos usan siempre, es el delito común. Luego me notificaron de la medida cautelar de reclusión domiciliaria y de la regulación migratoria. Yo no firmé nada, pero al final me dijeron, ¿tampoco vas a firmar tu acta de libertad?, y les pregunté por qué decían eso y respondieron: 'Hasta ahora estabas aquí en calidad de detenida'”, refirió.
La joven aseguró que las preguntas de los oficiales habían sido sobre su trabajo principalmente. “Me dijeron que si quería podía contratar a un abogado. Supongo que todo sea para meterme miedo, y como tiene que ver con el proceso de Camila (Acosta) a lo mejor quieran utilizarnos contra ella”, comentó.
El pasado 30 de noviembre, Acosta fue interrogada por la Seguridad del Estado y enviada luego a su casa, donde permanece en reclusión domiciliaria desde hace más de cuatro meses. Fue arrestada el 12 de julio luego de reportar las históricas protestas antigubernamentales del 11J.
Las autoridades la acusan de los supuestos delitos de desorden público e instigación a delinquir, dos de los cargos más comunes contra activistas, opositores pacíficos y periodistas independientes que se expresan contra el régimen de La Habana.
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