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El bajo peso de recién nacidos es una de las causas de altos índices de mortalidad infantil en la provincia de Ciego de Ávila con una taza de 13,8 por cada 1,000 nacidos vivos -la más alta del país- que duplica la del año anterior.
La estadística, que se traduce en la muerte de 45 niños menores de un año durante 2021 (hasta el pasado 7 de diciembre), fue confirmada por Luis Carmenate Martínez, funcionario del Programa Materno Infantil (PAMI) y jefe del Grupo Provincial de Ginecología y Obstetricia, al diario Invasor.
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En la elevada tasa “inciden el bajo peso al nacer y la prematuridad en la morbilidad y la mortalidad del territorio, asociados, fundamentalmente, a la hipertensión arterial, el crecimiento intrauterino retardado y el embarazo en la adolescencia", explicó el funcionario sin aludir a la baja disponibilidad de diuréticos, vitaminas, antibióticos y otros medicamentos para controlar la presión arterial, favorecer el desarrollo del feto y prevenir complicaciones por infección durante el embarazo.
“Muchos bebés llegan al servicio de Neonatología con pesos extremos (menos de 1,500 y 1,000 gramos), que ponen en riesgo su vida y extienden la estadía hospitalaria”, agregó el dirigente señalando fallas en el desempeño de los profesionales de la salud en lo que concierne a “la atención prenatal, la evaluación de los riesgos en las embarazadas y la aplicación de protocolos”.
Ausente en las agravantes del bajo peso en recién nacidos está la crisis alimentaria que atraviesa la provincia como efecto dominó de la debacle económica en el país, sobre la cual el propio medio estatal reportaba recientemente bajo el título “La proteína animal se nos escurre”.
La fibra y las proteínas que brinda el consumo de carne son esenciales durante el embarazo, en tanto contribuyen al desarrollo de anticuerpos, aumentan las defensas y aportan los materiales para la formación corporal; sin contar otros nutrientes como el calcio presente en productos lácteos, también en falta.
El texto parte de la responsabilidad de los sanitarios en la atención primaria, como el médico y la enfermera de la familia, de quienes “a veces las gestantes no reciben el seguimiento oportuno” y aborda la falta, tanto de especialistas en el PAMI como de “recursos materiales, decisiones oportunas y control”, así como las precarias condiciones en hogares maternos, hospitales y en salones de parto y cesárea.
Como ejemplo de lo anterior, se menciona “un alza de las infecciones asociadas a los servicios sanitarios” a consecuencia de “la situación constructiva de los salones de parto y cesárea, y de otras estructuras en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola”, que habla del deterioro de la institución de salud encargada de la maternidad en la provincia y la crisis epidemiológica en la salud pública.
Otro indicador señalado por el medio de prensa es la disminución de la natalidad de 4,000 a 3,000 en los últimos cinco años y el aumento en la mortalidad materna de dos a 11 gestantes en comparación con el año anterior.
Sin ignorar el impacto de la pandemia en los servicios sanitarios, el texto habla de la reticencia de gestantes para ingresar en hogares maternos en muchos casos distantes y sin las condiciones necesarias para asumir la atención médica y alimentación requeridas ante un embarazo de riesgo, y que se encuentran a media capacidad en estos momentos.
“Ya nadie se asombra si la negativa a ingresar a un hogar materno pasa sin la debida observancia por parte de los factores de la comunidad o las comisiones de prevención, o si las razones de la gestante se sustentan en tener que trasladarse a otro municipio o que el centro no reúne todas las condiciones. Ante la magnitud de los riesgos, los 10 hogares y sus aproximadamente 150 camas debieran quedarse cortos y no a media capacidad como están ahora”, se lee en el artículo.
Un estudio publicado en 2017 mostraba un patrón descendente en la mortalidad infantil en la provincia de 6,5 a 5,0 por cada mil nacidos vivos desde 2000 hasta 2014, que llegó al récord de 3,8 en 2017. No obstante, la cifra aumentaría a 6,1 en 2019 y a 6,4 en 2020, casi la misma tasa que 20 años atras, a pesar del PAMI y de la manera atípica en que Cuba mide la mortalidad infantil que le permite índices del primer mundo en tanto omite en sus estadísticas las muertes fetales tardías, desde la semana 22 de gestación, uno de los indicadores incluidos en estándares internacionales. Este 2021, el 13,8 por cada 1,000 nacidos vivos representa el doble de las tasas de los años 2020 y 2000.
Una de las lecciones de la pandemia en este, su peor año en Cuba, ha sido precisamente el colapso del sistema de salud en la isla y, en particular en Ciego de Ávila, una de las provincias con mas contagiados y muertes por COVID-19.
Instituciones de salud en la provincia fueron escenario de denuncias por la debacle de la crisis sanitaria. En estos momentos, un camillero del hospital de Morón cumple un año de prisión por exponer la precariedad de la atención sanitaria -atizada por la falta de oxígeno y de medicinas, décadas de abandono y disminución a un 0.3 por ciento en la inversión en el sector. De manera general, es de esperarse que la tasa de mortalidad infantil en Cuba supere el 4,9 reportado en 2020.
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