El preso político Andy García Lorenzo, de 23 años, uno de los participantes en el estallido social del 11 de julio en Cuba, será juzgado junto con otros ciudadanos el próximo 10 de enero en la ciudad de Santa Clara, en Villa Clara; informó su hermana Roxana García Lorenzo, en su perfil personal de Facebook.
"El lunes 10 de enero mi hermano será sometido junto a otro grupo de valientes manifestantes del 11J a los falsos testimonios de la Fiscalía, cuyos testigos son los mismos policías que salieron a golpearlos por sólo estar pidiendo libertad", indicó la joven, de apenas 20 años, quien se ha convertido en una destacada activista por la liberación de los presos políticos cubanos.
A García Lorenzo, por protestar en su provincia en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, la fiscalía le pide siete años de privación de libertad, por los presuntos delitos de desorden público, desacato a la autoridad y atentado.
"No sé hasta ahora cuál será el juez que lo termine juzgando, pero sea quien sea lo sabremos y será esa persona quien cargue luego la culpa de cada minuto de cárcel a los que Andy siga siendo sometido, por firmar la sentencia que de seguro ya ellos tienen", aseguró Roxana García.
A raíz de la represión desatada por el régimen cubano tras el 11 de julio, múltiples activistas y periodistas se han dado a la tarea de rastrear las identidades de los fiscales y jueces involucrados en el procesamiento de ciudadanos cubanos por motivos políticos. Esta semana fue denunciado el fiscal Fernando Valentín Sera Planas, de Holguín, quien pide sentencias incluso para menores de edad.
"Los juicios por su puesto serán a puertas cerradas y en conjunto con varios reclusos más, todos sabemos que ellos no quieren que se haga público los desastres y las payasadas que se viven en esos juicios, donde los abogados terminan dando su mejor defensa y al final termina sin servir para nada", explicó Roxana García.
Hasta ahora, más de 700 personas continúan privadas de libertad por razones asociadas a las manifestaciones del 11 de julio y 14 de ellos son menores de edad; según los registros de Justicia 11J y Cubalex. La fiscalía cubana les ha pedido condenas de hasta 30 años de cárcel.
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