La ley como instrumento de vendetta

Las condenas, que hemos constatado con familiares de implicados en las protestas del pasado 11 de julio, con los cuales mantenemos contacto permanente, aseguran que en los juicios que se han celebrado los tribunales han emitido condenas que son en sí mismas la demostración irrefutable del talante vengativo del régimen cubano y de su supuesta justicia, y son la manifestación contrastable de la intolerancia y el desprecio por los derechos y las libertades individuales.

Hay en todo este proceso varios colaboradores necesarios entre los cuales destacan un significativo número de jueces y fiscales que, olvidando su obligación de administrar con imparcialidad, decidieron gestionar el odio del régimen a la opinión discrepante. Es de justicia que estos representantes de la legalidad socialista reciban el merecido escarmiento por su prevaricación deliberada.

Es de justicia solicitar para ellos, así como para el fiscal de la república y el ministro de justicia cubanos la aplicación de la Ley Magnitsky y el mecanismo sancionador europeo para violadores de derechos humanos, y es justo denunciarlos ante la opinión pública.

Este es un listado parcial de juristas que han ofrecido su oficio a la venganza, tamaña felonía merece al menos el desprecio de los justos.

Yohandris López Parra. Fiscal actuante en el Expediente de Fase Preparatoria (EFP)145/21, La Habana

Antonio Islam González Abreu Martínez. Fiscal Provincial- EFP 145-A/21, La Habana

Maikel Santana Cabrera. Juez actuante en EFP 145C-21, La Habana

Lourdes García Gómez. Juez actuante en EFP 145C-21 La Habana

Elizabeth Águila Camacho. Juez actuante en EFP 145C-21, La Habana

Ileana Freijes Tejera. Juez actuante en EFP 145C-21, La Habana

Fernando Torriente Llovet. Juez actuante en EFP 145C-21, La HabanaMabel Palacios Aties. Fiscal Provincial actuante EFP 145C-21, La Habana

Gustavo José Mayo González. Fiscal provincial actuante en departamento de Control a la DVICO EFP 145-D /21, La Habana

Fernando Sera Planas. Fiscal actuante en EFP 11, Holguín

Camilo Recio Caballero. Fiscal provincial. Actuante en EFP 63. Camagüey

Aciel Agüero Cabreja. Fiscal actuante en EFP 64, Camagüey

Teniente Cesar Albero Bacallao Jiménez. Fiscal Militar Región Matanzas. Actuante en EFP 77, Matanzas.

Dalien Rodríguez Lasa. Fiscal actuante en EFP- 83. Florida, Camagüey

Oravia Torres Cabrera. Fiscal actuante EFP 117, Isla de la Juventud

Liliam Fernández Berro. Fiscal provincial de La Habana. Actuante en EFP 143/2021

Katia Corrales Lobaina. Fiscal provincial Guantánamo. Actuante en EFP -330

Luis Enrique Reyes Martínez. Fiscal municipal, San José de Las Lajas. Actuante en EFP 378

Ariagne Pérez Pérez. Fiscal jefa Municipal, San José de las Lajas. Actuante en EFP 386/21.

Yerandy Calzadilla Davalos. Fiscal provincial Mayabeque. Actuante en EFP 388. EFP 403.

Luis Enrique Reyes Martínez. Fiscal municipal,San José de las Lajas. Actuante en EFP 394.

Dayli Carrazana Rodríguez. Fiscal Provincial, Villa Clara. Actuante en EFP 689.

Oslayda Caballero García. Juez, Camagüey. Actuante en EFP 2

Reinaldo Martin Quiñones. Juez actuante en EFP 2, Camagüey

Eduardo Fernández Diaz. Juez Actuante en EFP, Camagüey

Daylen Estévez Chediak. Juez actuante en EFP 2, Camagüey

Los juicios, celebrados de manera subrepticia, bajo cobertura policial, sin acceso al público o la prensa, son contra personas que han ejercido derechos universalmente reconocidos y están siendo sancionadas a penas concebidas para los crímenes más atroces. ¿Qué oculta el régimen cuando la presencia se permite solamente a miembros escogidos de las organizaciones de masas? Organizaciones que son, todas ellas, apéndices del estado, aunque se presenten ante el consejo de derechos humanos y otras instituciones fingiéndose organizaciones de la sociedad civil. Mientras que cuando a algunos familiares se les permite asistir a la vista oral, tienen que hacerlo acompañados de policías vestidos de civil, y los juzgados y los accesos son sitiados por personal del Ministerio del Interior y miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida.

Abogados de la defensa de diferentes casos relacionados con el 11J refieren anomalías procesales, entre estas la demora intencionada y limitación del acceso a los defendidos, la aplicación arbitraria del código penal, o que civiles juzgados son procesados por la fiscalía militar.

Tal cúmulo de irregularidades y opacidad diseñan un escenario ideal para el ensañamiento y la injusticia, y permite sortear el debido proceso. Un comportamiento que además es habitual en causas judiciales de carácter político.

Ante tanta arbitrariedad es de justicia demandar acciones de condena o al menos de pública preocupación a las instituciones encargadas de la observancia de los Derechos Humanos, entiéndase Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Europea de Derechos Humanos, así como otras instituciones relacionadas directa o tangencialmente con esta actividad y garantes por encargo de los derechos y las libertades del ser humano, especialmente la UNICEF y la OIT.

También las instituciones como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y todas aquellas con vínculos políticos, culturales, comerciales o de otra índole con el gobierno cubano, deben transmitir la más enérgica condena a la actuación vesánica de este.

Estas instituciones tienen, además de la oportunidad, la obligación de hacer valer el mandato que le ha sido confiado sobre instrumentos creados especialmente para la observancia y custodia de los valores inherentes del ser humano. Permanecer impasibles ante esta transgresión grosera de las normas internacionales es incompatible con sus principios rectores o fundacionales y, como mínimo, desconcertante.

Es insostenible una actitud pasiva ante un régimen de exclusión política tan anacrónico, vergonzoso y despótico.

El gobierno cubano no propone justicia, ofrece venganza y castigo; el sistema legal cubano no brinda equidad, ampara al terror, convida al escarmiento. Lo que está sucediendo en Cuba no es un proceso judicial, es una toma de rehenes, un procedimiento inveterado y recurrente que ofrece al régimen un ingente inventario de víctimas con las cuales distraer y negociar.

Es un deber de los demócratas y defensores de los derechos humanos denunciar este oprobio y exigir justicia, evidenciar la actitud servil y la complicidad de esos profesionales de la justicia cómplices y prevaricadores, y defender firmemente la libertad y los derechos del pueblo cubano.