La sociedad civil cubana, a través de las redes sociales, ha puesto nombre, apellidos y rostros a algunos funcionarios de la administración de justicia que participan en los procesos judiciales en los que se están imponiendo largas penas de cárcel a decenas de manifestantes que participaron en las históricas protestas del 11J en Cuba.
La responsabilidad de estos jueces y fiscales en lo que muchos expertos y familiares denuncian como simulacros de juicios -en los que se viola el debido proceso, se fabrican pruebas y se coaccionan a presuntos testigos- está siendo subrayada por los medios independientes y la opinión pública, gracias a la labor de activistas, periodistas y otros integrantes y organizaciones de la sociedad civil cubana.
La no separación de poderes en Cuba, reconocida públicamente por el gobernante Miguel Díaz-Canel bajo el concepto de “unidad de poderes” -gracias al cual las élites en el poder de la llamada "revolución" ejercen su dominación sobre los ciudadanos cubanos-, está arrojando como resultado la sumisión del poder judicial a la voluntad de una dictadura que pretende sofocar las protestas a base de represión, juicios sumarios y ejemplarizantes, y largas e injustas condenas a manifestantes pacíficos.
En un hilo de Twitter, el periodista independiente Norges Rodríguez compartió “algunos nombres (y rostros) de funcionarios (del sistema judicial de la dictadura cubana) que han pedido severas condenas para manifestantes del #11JCuba”.
Entre los funcionarios cuya identidad ha sido revelada ante la opinión pública está el juez Yurisander Diéguez Méndez, quien condenó a largas penas en prisión a 13 manifestantes del 11J en la provincia de Artemisa, algunas de las cuales alcanzaron hasta los 12 años de privación de libertad por supuestos “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado” y “ultraje a los símbolos de la patria”.
Un documento judicial emitido el 27 de diciembre de 2021 y firmado por los jueces del Tribunal de Artemisa Yurisander Diéguez Méndez, Ernesto Amaro Hernández y Leonel Llerena Díaz, estableció sentencia de 12 años de prisión para Luis Giraldo Martínez (27 años), 10 años para Yeremin Salcine Jane (31 años) y 8 años de prisión para Eddy Gutiérrez Alonso (24 años), entre otros.
Por su parte, la fiscal de San Antonio de los Baños, Dagmaris Jaca Seco, es otra de las funcionarias que más relevancia ha adquirido por su petición de penas para 17 manifestantes en la provincia de Artemisa, que abarcan desde los 6 hasta los 15 años de privación de libertad.
Responsable, entre otras, de la petición de 8 años de cárcel contra el preso político Yoan de la Cruz, el joven que transmitió en vivo por Facebook la protesta de San Antonio, la primera que se produjo el histórico 11 de julio.
Identificada como la fiscal actuante en el juicio contra 5 manifestantes pacíficos en el municipio Colón, Yanelis Rodríguez Reyes, es la responsable de la petición de altas penas de prisión (entre siete y 10 años) que solicitó para ellos por la supuesta comisión de los delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”, en la provincia de Matanzas.
La petición de la fiscal Rodríguez Reyes encontró respaldo en la jueza del Tribunal Municipal de Colón, Dayris Roque García, quien dictó contra estos manifestantes condenas entre cinco y ocho años de cárcel en sintonía con lo solicitado por la parte acusatoria, y cuya identidad también revelada en las redes sociales.
Especial protagonismo cobró también la fiscal Dayli Carranza Rodríguez por las peticiones de condena que ha firmado contra 15 participantes en las protestas del 11J en la capital de la provincia Villa Clara, entre los que se encuentra el preso político Andy García Lorenzo, para quien solicita 7 años de prisión por los presuntos delitos de "desorden público", "desacato" y "atentado".
Con 55 años y residente en el municipio Caibarién, el fiscal Luis Enrique Corcho Rosa fue identificado como el responsable de las peticiones de condena contra 5 vecinos que se manifestaron en esa ciudad de la provincia Villa Clara, y para los cuales solicita penas de prisión entre 4 y 8 años.
Otra de las fiscales cuya identidad ha trascendido en estos días es Mabel Palacios Aties, quien solicitó en el Tribunal Provincial Popular de La Habana condenas de entre 15 y 27 años de cárcel para 22 manifestantes del 11J, algunos de ellos detenidos siendo menores de edad, y a los que acusa de la presunta comisión del delito de “sedición”.
De los 22 acusados por Palacios Aties, siete tienen entre 17 y los 19 años de edad. Para todos ellos la petición fiscal fue de 15 años de cárcel, menos para un adolescente de 18 años de edad, a quien solicitó 18 años de prisión.
Cabe destacar que los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, del citado tribunal, mantuvieron la prisión provisional para los acusados por la fiscal Palacios Aties.
Otra fiscal en el candelero es Liliam Fernández Berro, quien solicita 18 años de cárcel para el joven Brandon David Becerra –también de 18 años de edad-, acusado de los presuntos delitos de “hurto” y “sedición”. Según la fiscal, el joven fue uno de los presuntos implicados en la destrucción de un auto patrulla durante las protestas del 11J en La Habana.
Con peticiones fiscales de hasta 25 años, el fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, es uno de los funcionarios cuya identidad circula por redes sociales y medios independientes de comunicación desde que fuera denunciado por la organización no gubernamental Cubalex en noviembre pasado.
Residente en San José de las Lajas, provincia Mayabeque, Calzadilla Dávalos es el responsable junto a la fiscal Lourdes Pedroso de la petición de ocho y diez años de prisión para los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, quienes están presos desde el 17 de octubre de 2021 y cuyos casos han resultado muy mediáticos gracias a las denuncias de sus familiares en redes sociales. Tras conocerse su identidad, el fiscal eliminó sus perfiles en redes sociales para evitar las denuncias y mensajes de ciudadanos indignados por su actuación.
No por último menos importante, el jefe en funciones del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial de Holguín, Fernando Valentín Sera Planas, es el responsable de peticiones de hasta 30 años de cárcel (las peticiones más elevadas) para los manifestantes del 11J en esa ciudad.
Sobre Sera Planas, CiberCuba elaboró un perfil detallando sus datos biográficos, así como opiniones de ciudadanos sobre las peticiones entre 15 y 30 años que solicitó para 21 holguineros a los que acusó del presunto delito de “sedición”.
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