Los programas de Mesa Redonda suelen ser aburridos. Después de un período de silencio, han comenzado algo tarde este año, pero con un programa dedicado a las MIPYMES y su proceso de autorización por el régimen comunista cubano que acabó siendo mucho mejor que como empezó.
En la última entrega de este espacio participaron Johana Odriozola, viceministra de economía y planificación; Olga Lidia Pérez, directora general de notarías y registros públicos del ministerio de justicia, y los emprendedores José Ribe y Fernando R. Funes. A este último quiero dedicar especial atención.
Pero antes de llegar a él, conviene señalar que el programa arrancó con varias cuestiones, sin duda interesantes, ¿Cómo marcha el proceso de creación de los nuevos actores económicos? ¿Cómo son los vínculos con las empresas estatales? ¿Qué se debe mejorar? ¿Qué obstáculos impiden un mejor desarrollo de las MIPYMES? Y se citó como punto de partida la fecha del 29 de septiembre de 2021 cuando comenzaron a ser autorizadas las MIPYMES en Cuba después de un largo período de prohibición (desde 1968 cuando tuvo lugar la llamada “ofensiva revolucionaria” desaparecieron estas entidades privadas de la economía, más de 60.000 pequeños negocios fueron confiscados) y que ahora, al parecer, según datos oficiales, han llegado a 1,471 entre empresas privadas, un total de 1,422, y estatales, 27. También se refirió a las 22 cooperativas ni agropecuarias. Estamos lejos de aquellas cifras. Sin duda.
Johana Odriozola inició las intervenciones de los asistentes a Mesa Redonda, ofreciendo su valoración de cómo va el proceso de autorización de MIPYMES por su ministerio, las que ya existen, así como un análisis de las principales dificultades detectadas hasta el momento. En su opinión, estamos ante un proceso significativo tras cuatro primeros meses de ser autorizada su implementación. Además, dijo que los nuevos actores están desplegados por todo el país, incluso en el municipio especial Isla de la Juventud, aunque en La Habana se ha producido la mayor concentración de entidades, con 594, seguida de Granma, con 135. Según la viceministra, una cuestión de relevancia es que las MIPYMES “no están concentradas en los municipios cabeceras y el 80% de los municipios tenían nuevos actores aprobados. La inserción no se ha quedado en una sola región”. Sobre esto habría mucho que decir.
Además, ofreció un dato preocupante ya que, hasta el lunes, todavía hay 3,200 solicitudes pendientes de autorización en la plataforma, tres veces más de las autorizadas, calificando el proceso como una continua realidad que se ha visto beneficiada, en su opinión, del “acompañamiento de las instituciones territoriales”. ¿Será que la decisión de los comunistas locales es clave para la autorización de las MIPYMES? Destacó, que, como todo proceso de aprendizaje, en que se habla de “un nuevo actor, forma jurídica, de temas con los que no lidiamos normalmente como el capital social y las denominaciones de los actores” aparecen dificultades, pero se mostró satisfecha de la gestión realizada, reconociendo “errores, incomprensiones y dilataciones”.
Entre las dificultades señaló que “aún existen trabas en el proceso de autorización, dilaciones, no siempre se cumplen los plazos, incomprensiones, elementos subjetivos. Hay cuestiones que se deben mejorar, existen procedimientos que aún no están escritos. Hay modos de hacer de las instituciones que participamos en el proceso que se deben cambiar, y hay situaciones, una vez que están operando, que se tienen que resolver dentro de las actuales limitaciones de recursos”. En fin, una burocracia intervencionista que genera un auténtico quebradero de cabeza.
La particularidad del proceso de las MIPYMES y CNAs en Cuba es que el régimen no da por concluida su participación con la autorización de las entidades, sino que como dijo la señora Odriozola, también “abarca la inserción coherente de estos actores en la economía y cómo pueden tributar al crecimiento económico y social del país”. Máximo control, el régimen no está dispuesto a perder su dominio de la economía. Para el régimen, lo más importante no es la cantidad de actores que puedan llegar a constituirse sino “el aporte que puedan hacer al desarrollo económico-social”, tal y como lo entiende el modelo social comunista cubano.
Señaló que los nuevos actores han creado más de 23,000 nuevos puestos de trabajo (unos 15 por proyecto) que, por lo que respecta a las reconversiones, han sido el 58%, fundamentalmente de negocios de trabajadores por cuenta propia que han asumido la necesidad de transformar en MIPYMES sus negocios, en tanto que el 42% de nuevos puestos según la señora Odriozola, “lleva un acompañamiento mayor, porque las personas tienen que diseñar su negocio en las condiciones actuales que estamos”. Más control sobre los nuevos proyectos, que además son de reducidas dimensiones, para que en todo momento sepan quién manda.
También se refirió al mantra castrista del “vínculo del desarrollo territorial y las MIPYMES, indicando que estar domiciliados en un espacio permite encadenarse con el resto de los actores y contribuir con la economía de la comunidad”. Entre, las actividades aprobadas por el régimen, destacó “la producción de manufactura, la fabricación de materiales de la construcción, de calzado, confecciones del hogar. En particular, la producción de alimentos representa ya casi el 19% de los actores, así como se cuenta con otros servicios como la reparación de equipos informáticos, automotores, maquinas”, y reconoció que, si bien es cierto que es un momento difícil, “es importante lograr el encadenamiento”. Las nuevas MIPYMES más que buscar el “encadenamiento” están ofreciendo una clara respuesta a las necesidades de la población.
También se habló del canal de actores económicos, “donde las personas se pueden comunicar con nosotros. La semana pasada llegamos a 10,000 suscriptores”, y señaló al respecto que “la plataforma es una fuente de retroalimentación y tiene un espacio para comunicar con los solicitantes. También señaló canales con los notarios o con el sistema bancario donde es posible la comunicación automática. Explicó las ventajas de la plataforma, sin indicar sus continuas caídas de servicio, motivo de quejas de los interesados.
A continuación, intervino Olga Lidia Pérez para calificar el proceso de constitución legal de las MIPYMES como un reto, aun cuando se tenía cierta experiencia de la implementación de los primeros lineamientos en 2011. Y calificó el proceso de “complejo, enmarcado en la legalidad, pero nos honra formar parte de él”, señalando que su ministerio empezó a trabajar en este asunto en 2019 tras aprobarse la constitución. Esto ha exigido “un levantamiento sobre el estado del completamiento y redimensionamiento de la plantilla de notarios y registradores, preparación de reservas; los locales; la situación del equipamiento informático y los recursos materiales”. Recuperar el sistema notarial cubano no ha debido ser una tarea fácil.
Señaló que ya existen en todo el país 268 unidades notariales donde se prestan estos servicios a la población, en los seis bufetes especializados que patrocina el ministerio de justicia, además de unidades docentes en las universidades de Pinar del Río, Matanzas y Villa Clara, donde trabajan unos 697 profesores habilitados como notarios. Igualmente, destacó entre las fortalezas la existencia en todo el país (incluida la Isla de la Juventud) de un registro mercantil y de la red de empresas de Consultoría Jurídica y Bufetes Colectivos. La influencia estatal es absoluta.
En cuanto a las debilidades, señaló “la ausencia de un asesoramiento jurídico previo, deficiencias en la redacción de los estatutos, porque no pueden ser impuestos, sino que deben ajustarse al objeto social que va a desarrollar cada actividad”. Al respecto indicó que en su ministerio se ha creado un puesto de dirección para dar al ministro diariamente la cifra de MIPYMES constituidas, inscritas, pendientes. Un puesto de gran valor, sin duda. Al respecto señaló que cuenta con un canal de Telegram que se ha convertido en un intercambio constante con el sector registral y ha contribuido a la capacitación. Además, ha facilitado la respuesta a las consultas realizadas. Otros problemas se refieren a las incomprensiones en los aportes, “los cuales se deben demostrar, porque tenemos el control del patrimonio inmobiliario del país como sistema del ministerio de justicia”. El control del dinero, un aspecto esencial para las autoridades, y que no desaparece, sino que se refuerza.
Planteó, asimismo, el reto digital que también exige aprendizaje para cambiar los procedimientos registrales clásicos. En las notarías se trabaja en una aplicación informática para la gestión del proceso de constitución que permitirá la interoperatividad con el registro mercantil, con los de propiedad y de estado civil. Destacó como un logro que todos los notarios y registradores tengan firma digital, así como que con periodicidad semanal se publican en la página web del ministerio las inscripciones por provincias para que sean de conocimiento público.
En su opinión, se está avanzando en un proceso de perfeccionamiento jurídico y de transformación digital para lograr esa calidad que se pide dentro de la legalidad y destacó las relaciones con el ministerio de economía que es el que autoriza las entidades y por tanto, establece las bases del proceso posterior de registro.
En la Mesa redonda también participaron dos representes de MIPYMES.
La primera, Espiral Soluciones empezó a funcionar el 2 de noviembre de 2021 dejando de ser un negocio gestionado por cuentapropistas para convertirse en una microempresa de cuatro socios. La decisión se tomó porque el trabajo por cuenta propia era mal visto, “aunque no te decían que no, tampoco te decían que sí, y eso impedía avanzar”, según José Ribe, uno de los impulsores de la joven MIPYME que radica en La Habana y que reconoció que tras crear la MIPYME se “abrieron muchas puertas”. No cabe duda de que este testimonio pone de manifiesto que el interés del régimen es crear MIPYMES y reducir el trabajo por cuenta propia. El régimen quiere acabar con el trabajo por cuenta propia.
Después de tres años de experiencia en el trabajo por cuenta propia, dedicados a la fabricación y mantenimiento de equipos electrónicos, el asesoramiento sobre cómo usar estas tecnologías, y de trabajar con Cinesof, desarrollar programas educativos para niños, crear tarjetas para los hoteles, entre otros proyectos, los cuentapropistas han dado el salto a la MIPYME con varios “aliados comerciales” entre los que, curiosamente, se encuentran empresas estatales como Etecsa, el grupo Gaviota, Infocap, el Grupo Ganadero y DATAZÚCAR.
La segunda MIPYME fue Finca Marta, un proyecto agroecológico familiar que combina la práctica con el conocimiento científico para contribuir a la transformación del sistema agroalimentario cubano desde una experiencia local. Su principal gestor, Fernando R. Funes también explicó el motivo de la reconversión a microempresa de una iniciativa que comenzó a funcionar en diciembre de 2011 en una finca de ocho hectáreas, en el municipio de Caimito, en Artemisa.
En su opinión, gracias a la MIPYME tienen capacidad legal para articular procesos dentro de la agricultura, y presentar un proyecto en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, buscando el encadenamiento entre el sector productivo y esa área estratégica ubicada en la provincia de Artemisa. La asociación con otras empresas es uno de los mayores retos.
Y en este punto llegó la pregunta que vale por todo el programa. Alguien lanzó una cuestión, ¿Cuánto puede tener de socialista una empresa privada? El nuevo empresario cubano de Finca Marta dijo que “el hecho de ser privado es una característica que se encontró para poder tomar decisiones propias, para no depender de que alguien te diga qué hacer. Ahora tenemos mayor autonomía, pero estamos dentro de un marco legal que nos impone cumplir con normas. Adquirimos tanto derechos como deberes. Como pequeña empresa en desarrollo adquirimos deberes con los trabajadores, en sus niveles de participación y poder sobre quiénes dirigen”. Y acabó diciendo que en Finca Marta “somos una familia, compartimos decisiones, deseos y aspiraciones. Tenemos, incluso, un sindicato, como parte del vínculo con la Zona del Mariel”.
Al margen de los contenidos políticos del mensaje y del agradecimiento a la plataforma de actores económicos que hizo el empresario, así como a los ministerios de economía y planificación, y de justicia, la ONAT y los bancos, que condicionan la vida y el futuro de las MIPYMES, en realidad lo dicho por Fernando R. Funes es exactamente lo mismo que existía en Cuba antes de que el régimen comunista de Fidel Castro iniciara las confiscaciones de empresas y negocios en 1960 para concluir con el desastre de 1968. Es lo mismo.
Aquellos empresarios cubanos que fueron expropiados de sus pequeños, medianos o grandes negocios, aspiraban como Fernando R. Funes a “poder tomar decisiones propias, para no depender de que alguien les dijera qué hacer”. Aquellos empresarios cubanos, a los que nunca se hizo justicia ni se restituyó el valor de sus patrimonios confiscados por el mismo régimen político que rige los destinos en Cuba, creían firmemente en la autonomía, ya que muchos de ellos habían trabajado duro para otros durante años, ahorrando parte de sus salarios para crear sus proyectos de independencia. Aquellos empresarios querían ser autónomos, pero también respetaban el marco legal que permitía que sus negocios crecieran en actividad y empleo. Las normas lo facilitaban, porque los derechos y deberes adquiridos con la condición de empresario, así lo imponían. Aquellos empresarios que perdieron sus negocios por las medidas confiscatorias de los comunistas asumían compromisos con sus trabajadores, garantizaban la participación sindical y ejercían su poder con el conocimiento y la experiencia.
Lo mejor de todo, es que, a pesar del desastre antropológico causado por el régimen comunista cubano sobre el sistema empresarial, da satisfacción comprobar que la simiente de aquellos empresarios cubanos que murieron sin que se hiciera justicia, dio fruto en Cuba. Escuchar a Fernando R. Funes sirve para poner el contador de la historia en cero. Gracias.
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