Madres de los presos políticos del 11 de julio (11J) en Cuba salieron este domingo a las calles de La Habana y Camagüey en respuesta a una convocatoria de las organización femenina Damas de Blanco, quienes desde este domingo retomarán sus históricas caminatas para exigir la liberación de los detenidos.
Desde Camagüey seis madres de los jóvenes que han sido sometidos a juicios sin garantías llegaron hasta la iglesia y en la misa dominical pidieron porque sus hijos sean liberados.
"Hemos salido todas las madres de Camagüey en representación de las damas de blanco y apoyando el llamado de ellas, fuimos a la iglesia y pedimos por cada manifestante del 11 de julio, cada día seremos más", dijo la mamá de Dixan Gainza Moré, un joven camagüeyano del cual dependen sus abuelos.
Desde esa provincia del centro de Cuba Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, dijo que todas piden la libertad de los manifestantes.
En La Habana también llegaron a la misa del domingo en la iglesia Pasionista de la Víbora familiares de los presos, incluidos hombres, como el padre de Jonathan Torres Farrat y Wilber Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, quienes manifestaron su indignación por el encarcelamiento de sus hijos.
Todas ellas protagonizan cada noche un cacerolazo que visibilizan en redes sociales para exigir acciones del gobierno cubano.
El viernes las Damas de Blanco, una organización fundada en 2003 por las madres y esposas de los presos políticos de la llamada Primavera Negra en la isla, anunciaron que volverían a las calles para exigir la liberación de los más de 800 presos políticos cubanos.
En esa convocatoria llamaron a sumarse a estas marchas pacíficas a las madres de los jóvenes del 11J.
La Seguridad del Estado rodeó el sábado la sede del grupo en La Habana, para impedir que este domingo volvieran a aparecer en las avenidas cubanas estas mujeres, que salían cada semana vestidas de blanco con una flor en sus manos.
Tras el 11 de julio fueron detenidas más de 1300 personas en el país por participar en las protestas antigubernamentales de ese día, las mayores registradas en el país en seis décadas. De ellos, más de 600 continúan en prisión, más de 300 han sido enjuiciados y enfrentan condenas de entren 1 y 30 años, y de los detenidos al menos 15 son menores de edad.
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